El sector vitivinícola español teme perder fondos europeos con la centralización de ayudas propuesta por Bruselas

El futuro de las ayudas europeas a bodegas y viñedos españoles se encuentra en un momento de incertidumbre tras la propuesta de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034. El Gobierno de España, junto a otros trece países, ha presentado su rechazo formal a este nuevo modelo que plantea un cambio en la gestión y reparto de los fondos europeos. La propuesta consiste en eliminar los fondos específicos, como el Fondo de Cohesión y el FEADER, y agrupar las ayudas en grandes planes nacionales gestionados por los gobiernos centrales. En el caso español, esto supondría que Madrid asumiría la responsabilidad de distribuir el dinero, bajo la condición de aplicar ciertas reformas.

Hasta ahora, las comunidades autónomas han tenido un papel clave en la gestión directa de estos fondos. Gracias a ello, se han financiado proyectos concretos para la modernización tecnológica de bodegas, la mejora de sistemas de riego en viñedos, la promoción internacional de vinos con Denominación de Origen, el impulso del enoturismo y la investigación para adaptar los cultivos al cambio climático. Las regiones productoras temen que, con el nuevo sistema centralizado, estas iniciativas pierdan prioridad frente a otros sectores económicos del país.

Los gobiernos regionales de Galicia, Extremadura o Comunidad Valenciana han expresado su preocupación por la posible pérdida de influencia y recursos. Argumentan que un plan nacional gestionado desde Madrid tendría que repartir los fondos entre todos los sectores económicos, lo que podría diluir las necesidades específicas del mundo rural y del sector vitivinícola. El documento firmado por España, Italia, Portugal y otros países productores defiende que solo un presupuesto separado y una asignación basada en las regiones puede garantizar la competitividad y el desarrollo equilibrado.

La Comisión Europea aún debe presentar su propuesta final. Mientras tanto, bodegas y viticultores observan con inquietud el desarrollo de las negociaciones. El sector teme que una gestión centralizada reduzca la eficacia de las ayudas y complique la financiación directa para proyectos locales. La decisión que se tome en Bruselas afectará a miles de productores y determinará si podrán seguir modernizando sus instalaciones, adaptándose al cambio climático y manteniendo su presencia internacional.

El debate sobre el futuro reparto de los fondos europeos no solo afecta a España. Otros países productores comparten las mismas preocupaciones sobre la pérdida de autonomía regional y la posible reducción del impacto positivo que han tenido estas ayudas en las zonas rurales. El resultado final dependerá del acuerdo entre los Estados miembros y las instituciones europeas durante los próximos meses.