Canadá debate incluir advertencias de cáncer en el alcohol tras registrar 3.000 muertes anuales vinculadas

El Senado de Canadá analiza estos días el proyecto de ley S-202, que propone incluir advertencias sobre el riesgo de cáncer en todas las botellas de bebidas alcohólicas. La iniciativa, presentada de nuevo por el senador Patrick Brazeau tras no prosperar en la anterior legislatura, busca que las etiquetas de cerveza, vino y whisky incluyan mensajes similares a los que ya aparecen en los productos de tabaco.

El miércoles, cuatro expertos comparecieron ante los senadores para explicar los motivos que, en su opinión, justifican la medida. Sheila Gilheany, directora ejecutiva de Alcohol Action Ireland, relató la experiencia de Irlanda, país que en 2018 aprobó una serie de regulaciones sobre el alcohol, como el precio mínimo y restricciones a la publicidad. Entre esas medidas se incluyó la obligación de advertir en las etiquetas que el alcohol puede causar enfermedades hepáticas y cánceres mortales, además de información sobre el contenido calórico y alcohólico, y un pictograma sobre el embarazo.

Gilheany explicó que la normativa irlandesa superó los trámites regulatorios de la Unión Europea, que concluyó que no suponía un obstáculo al comercio. Posteriormente, la regulación fue defendida por la UE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y finalmente se firmó como ley en 2023, con entrada en vigor prevista para mayo de 2026. Sin embargo, la aplicación se ha retrasado hasta septiembre de 2028 debido a una disputa comercial entre Estados Unidos y la UE, en la que Estados Unidos ha expresado su preocupación por las etiquetas.

Según Gilheany, desde abril de 2025 varias marcas ya han comenzado a utilizar las nuevas etiquetas en Irlanda. Afirmó que su aplicación es sencilla, ya que si los productores no las incluyen, los minoristas pueden añadir una pegatina. Gilheany defendió que los consumidores tienen derecho a conocer los riesgos del alcohol, y citó estudios que muestran que menos del 40% de la población irlandesa conoce la relación entre el alcohol y el cáncer. También acusó a la industria de bebidas alcohólicas de intentar minimizar o confundir sobre estos riesgos durante el proceso regulatorio.

Catherine Paradis, responsable técnica de la OMS Europa y exinvestigadora del Centro Canadiense sobre Sustancias y Adicciones (CCSA), argumentó que el proyecto de ley S-202 está alineado con las recomendaciones de la OMS. Paradis señaló que en Europa el alcohol provoca unas 656 muertes diarias y supone un coste anual de 4.600 millones de euros en productividad perdida. Subrayó que no existe una cantidad segura de alcohol en relación con el cáncer y defendió que las políticas más eficaces, como los impuestos o las restricciones publicitarias, solo funcionan si la población conoce los riesgos. Paradis rechazó el uso de códigos QR como alternativa a las advertencias impresas, ya que suelen dirigir a páginas comerciales y apenas se consultan.

Tim Naimi, director del Instituto Canadiense de Investigación sobre Sustancias, comparó la información que aparece en una lata de guisantes con la de una botella de whisky. Señaló que mientras los alimentos informan sobre ingredientes y valores nutricionales, las bebidas alcohólicas apenas indican el porcentaje de alcohol. Naimi recordó que en Estados Unidos se exige información sanitaria en las etiquetas desde hace casi cuarenta años y defendió que Canadá debería ir más allá. Añadió que los contribuyentes canadienses asumen un coste de casi 33 céntimos por cada bebida estándar, superior a los ingresos fiscales generados por el alcohol. Naimi insistió en que informar sobre los riesgos no es solo una obligación moral, sino también legal.

Tim Stockwell, investigador y coautor de las directrices canadienses sobre consumo de bajo riesgo, aportó datos sobre el impacto del alcohol en Canadá: más de 3.000 muertes anuales por cáncer relacionado con el alcohol y más de 20.000 hospitalizaciones. Stockwell recordó el estudio realizado entre 2017 y 2018 en dos tiendas de bebidas alcohólicas de Whitehorse, en el territorio del Yukón. Durante ese periodo, se colocaron pegatinas amarillas en las botellas advirtiendo del riesgo de cáncer. La iniciativa fue suspendida tras amenazas legales de asociaciones del sector. Según Stockwell, la reacción pública fue de indignación ante la presión de la industria. Las encuestas posteriores mostraron un aumento del conocimiento sobre los riesgos sanitarios del alcohol y una reducción del 6% en las ventas durante el mes que duró la medida. Sin embargo, el descenso se observó sobre todo entre los consumidores moderados.

Durante la sesión, los senadores se mostraron interesados y receptivos a los argumentos presentados. El senador Brazeau preguntó por qué las recomendaciones científicas sobre consumo seguro no se han traducido en cambios normativos por parte de Health Canada. Los expertos señalaron que el organismo se encuentra condicionado por presiones políticas y del sector.

También se debatió si las advertencias deberían variar según el tipo de bebida. Catherine Paradis aclaró que el riesgo proviene del etanol, presente tanto en cerveza como en vino o licores, por lo que no ve necesario diferenciar entre categorías.

El proyecto S-202 es una iniciativa parlamentaria destinada a fomentar el debate sobre la información al consumidor y la salud pública. Aunque su aprobación no está garantizada, su tramitación refleja un interés político creciente por regular el etiquetado sanitario de las bebidas alcohólicas. Está previsto que los opositores a la medida comparezcan en próximas sesiones del Senado.