El cierre de la TTB en EE.UU. amenaza con retrasos en exportaciones de vino y bebidas alcohólicas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB, por sus siglas en inglés), ha publicado su plan de actuación ante una posible suspensión de actividades por falta de fondos federales. El documento detalla cómo se organizará la agencia si se produce una interrupción en la financiación, afectando tanto a sus empleados como a los servicios que presta.

Antes de la aplicación del plan, la TTB cuenta con 459 empleados. En caso de suspensión, 398 serán enviados a casa sin sueldo (furlough) y solo 61 permanecerán en sus puestos para asegurar las funciones consideradas esenciales. De estos, 25 seguirán trabajando porque su salario proviene de recursos distintos a las asignaciones anuales; uno continuará por obligaciones legales implícitas; y 35 se mantendrán para proteger la vida y los bienes públicos.

Las actividades que continuarán durante la suspensión incluyen el procesamiento de declaraciones fiscales que incluyan pagos, el mantenimiento de los sistemas informáticos para evitar la pérdida de datos, la gestión de casos relacionados con vencimientos legales, bancarrotas, embargos y decomisos, así como la protección de propiedades federales. También se mantendrá el personal mínimo necesario para tareas contables básicas y para garantizar condiciones seguras para quienes sigan trabajando.

Por el contrario, quedarán paralizadas todas las funciones administrativas no relacionadas con la seguridad o protección de bienes, las investigaciones no penales, auditorías, revisión de declaraciones fiscales sin pagos adjuntos, tramitación de permisos y certificados de etiquetado, aprobación de fórmulas y reclamaciones por productos no destinados al consumo directo. Los servicios de laboratorio también se suspenderán.

La ley federal estadounidense prohíbe a las agencias realizar actividades no autorizadas durante una suspensión presupuestaria. Por este motivo, solo se mantienen aquellas tareas imprescindibles para el funcionamiento básico del Estado y la protección del interés público.

El plan especifica que la oficina regional en Puerto Rico seguirá operando con normalidad durante una suspensión generalizada del gobierno federal. Esta oficina se financia con fondos obligatorios procedentes de los impuestos sobre productos puertorriqueños importados en Estados Unidos. Además, las actividades relacionadas con el cumplimiento de las normas comerciales bajo la Ley Federal de Administración del Alcohol seguirán funcionando gracias a una partida presupuestaria plurianual disponible hasta septiembre de 2027.

El proceso para informar a los empleados sobre su situación laboral en caso de suspensión está claramente definido. Una vez confirmada la falta de fondos, los responsables notificarán a todos los trabajadores mediante correo electrónico y cartas formales si deben continuar trabajando o si pasan a estar en situación de permiso sin sueldo. Los empleados deberán asegurar los bienes públicos y validar sus registros laborales antes de abandonar sus puestos.

El plan también contempla instrucciones específicas para quienes estén en viaje oficial o formación fuera del centro habitual. Estos empleados deberán regresar a su lugar habitual lo antes posible para cumplir con las restricciones legales vigentes.

Durante el periodo que dure la suspensión, no se podrán firmar nuevos contratos ni emitir órdenes de compra financiadas con fondos anuales. Los contratos vigentes serán revisados para determinar cuáles pueden continuar y cuáles deben detenerse temporalmente.

La TTB ha designado responsables concretos para coordinar todo el proceso y resolver dudas tanto internas como externas. Los empleados podrán consultar información actualizada sobre el estado del cierre administrativo a través del teléfono habilitado por la agencia o en su página web oficial.

Este plan busca garantizar que, incluso en una situación excepcional como una suspensión presupuestaria federal, se mantengan los servicios mínimos necesarios para proteger los intereses públicos relacionados con el alcohol y el tabaco en Estados Unidos.