El vino británico en riesgo tras la congelación de ayudas agrícolas sostenibles

El sector vitivinícola del Reino Unido atraviesa un momento complicado tras la decisión del Gobierno británico de congelar el programa Sustainable Farming Incentive (SFI), una de las principales herramientas de apoyo agrícola tras el Brexit. La medida, anunciada en marzo de 2025, ha paralizado nuevas solicitudes debido a limitaciones presupuestarias. Esta decisión afecta especialmente a los pequeños productores y a quienes gestionan viñedos con prácticas agroecológicas.

El SFI ofrecía pagos por hectárea a cambio de prácticas sostenibles, como la siembra de flores silvestres entre las hileras de viñas. Muchos viticultores habían comenzado a adaptar sus explotaciones para cumplir con estos requisitos y acceder a las ayudas. Sin embargo, con la congelación del programa, solo quienes ya tenían acuerdos firmados seguirán recibiendo fondos. El resto, incluidos nuevos productores y pequeñas bodegas familiares, quedan excluidos al menos hasta 2026.

Tom Bradshaw, presidente de la National Farmers’ Union (NFU), resumió el malestar del sector al afirmar que ahora existen “los que tienen y los que no tienen”. La frustración es generalizada entre los viticultores que habían visto en el SFI una oportunidad para recibir apoyo por su contribución ambiental.

Según datos del último informe de sostenibilidad de WineGB, solo un 19% de los viñedos británicos han logrado acceder a estas ayudas. La cifra refleja tanto las barreras administrativas como la falta de atención específica al vino dentro de la política agrícola nacional. Nicola Bates, directora ejecutiva de WineGB, pidió una mayor claridad en las directrices y más apoyo financiero para el sector dentro del marco del SFI.

Muchos viñedos británicos tienen menos de cinco hectáreas y no eran elegibles para las subvenciones europeas antes del Brexit. El SFI representaba una oportunidad para corregir esa situación. Su suspensión no solo frena esa corrección, sino que también pone en riesgo el avance hacia una viticultura más sostenible. Prácticas como los cultivos de cobertura o la conversión a métodos orgánicos implican costes que ahora no serán compensados.

Una bodega familiar había previsto utilizar los fondos del SFI para sembrar cultivos invernales que mejoraran la estructura del suelo. Sin esa ayuda, deberán posponer o cancelar esos planes. Desde la Nature Friendly Farming Network advierten que muchos agricultores se quedan sin opciones claras para ser recompensados por ofrecer beneficios ambientales.

Ante esta situación, ha cobrado fuerza la campaña Basic Income for Farmers (BI4Farmers), que propone un ingreso básico universal e incondicional para agricultores y trabajadores agrícolas. La iniciativa busca garantizar estabilidad económica y fomentar prácticas sostenibles sin depender de convocatorias puntuales o programas sujetos a recortes.

Tras la congelación del SFI, BI4Farmers envió una carta abierta al ministro de Seguridad Alimentaria y Asuntos Rurales, Daniel Zeichner. En ella piden reabrir las solicitudes al SFI y estudiar la implantación de un ingreso básico agrario como medida estructural. Joanna Poulton, coordinadora de la campaña, recordó que se prometió seguridad financiera tras el Brexit, pero lo que ha llegado es incertidumbre y exclusión.

Will White, portavoz de Sustain, señaló que un ingreso básico permitiría invertir en salud del suelo, biodiversidad y métodos agrícolas con menos insumos sin tener que elegir entre sostenibilidad y supervivencia económica.

Para el sector vitivinícola británico, un ingreso básico podría marcar una diferencia importante. Los viñedos requieren inversiones iniciales elevadas y tardan años en generar beneficios. Un pago garantizado ayudaría a nuevos productores durante esos primeros años difíciles y facilitaría la adopción de técnicas ecológicas. También permitiría diversificar actividades hacia el agroturismo o productos complementarios como sidra o miel.

Hasta ahora ningún productor ha expresado oposición pública a esta propuesta. Aunque aún hay dudas sobre su financiación e implementación, el concepto gana apoyos. Se está discutiendo un programa piloto centrado en pequeñas explotaciones hortícolas, incluidos viñedos.

La comparación con otros países europeos es clara. Francia, Italia y España ofrecen ayudas directas a sus viñedos mediante la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. Estas subvenciones permiten planificar a largo plazo e invertir en mejoras como riego eficiente o conversión ecológica. Además, existen programas específicos para situaciones excepcionales como excedentes o crisis climáticas.

En Australia no existe un sistema universal similar al europeo, pero sí se ofrecen ayudas puntuales como el Farm Household Allowance para familias agrícolas con dificultades económicas y subvenciones dirigidas a investigación o turismo vinícola.

En cambio, el Reino Unido carece actualmente de un sistema comparable que proteja a sus productores ante cambios bruscos o decisiones políticas inesperadas.

Con los últimos pagos del antiguo Basic Payment Scheme previstos para este año –limitados a 7.250 libras por explotación– el SFI debía ser su sustituto natural. Su paralización deja un vacío difícil de cubrir para muchos viticultores.

El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) ha anunciado su intención de revisar el SFI para corregir errores actuales. Esto podría incluir opciones específicas para horticultura y fondos reservados que no compitan con grandes explotaciones cerealistas.

WineGB continúa presionando para lograr una inclusión efectiva del vino en las políticas agrícolas nacionales. Mientras tanto, BI4Farmers mantiene su campaña por un sistema más amplio que garantice estabilidad económica a quienes producen alimentos y bebidas en el país.

Con más de 900 viñedos registrados en Reino Unido y una producción en aumento cada año, el vino británico representa una fuente potencial de empleo rural y prácticas agrícolas sostenibles. Las decisiones políticas que se tomen ahora marcarán su futuro inmediato.