El Supremo de EEUU revisa aranceles de Trump que han recaudado 160.000 millones de dólares

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido analizar si los aranceles al vino y otros productos impuestos por el expresidente Donald Trump pueden mantenerse en vigor. La audiencia, que tendrá lugar este miércoles, se centra en la interpretación de una ley de 1977 que no menciona de forma explícita los aranceles, pero que ha sido utilizada por la administración Trump para imponerlos a productos de varios países.

El caso comenzó cuando la empresa importadora VOS Selections presentó una demanda contra el Gobierno estadounidense por la imposición de estos aranceles. Los tribunales inferiores dieron la razón a la empresa, pero la decisión quedó suspendida a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo. El resultado de este proceso podría tener consecuencias económicas importantes, ya que una sentencia contraria al Gobierno podría suponer el fin inmediato de muchos aranceles impuestos desde abril y obligar al Ejecutivo a buscar nuevas fuentes de ingresos para cubrir el déficit presupuestario.

El debate jurídico gira en torno a si el presidente puede utilizar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) para imponer aranceles. Esta ley permite al presidente “regular la importación”, pero no menciona los aranceles como herramienta. Según la Constitución estadounidense, el poder de establecer impuestos y tasas corresponde al Congreso. La administración Trump sostiene que si el presidente puede prohibir todas las importaciones bajo esta ley, también puede gravarlas con aranceles. Sin embargo, los demandantes argumentan que esta interpretación es demasiado amplia y que permitiría al presidente saltarse los controles del Congreso.

Brent Skorup, investigador del Cato Institute, explica que el Tribunal Supremo suele ser imprevisible en sus decisiones, pero considera que en este caso emitirá un pronunciamiento relevante sobre los límites del poder presidencial. Skorup recuerda que en casos recientes, como el intento del presidente Joe Biden de condonar préstamos estudiantiles mediante una ley ambigua, el Tribunal Supremo ha exigido mayor claridad legislativa cuando se trata de decisiones con gran impacto económico o político.

La administración Trump ha defendido su postura argumentando que los aranceles son necesarios para proteger la economía nacional y que sin ellos Estados Unidos perdería fortaleza económica. Por otro lado, organizaciones como el Brennan Center for Justice advierten que permitir al presidente usar poderes de emergencia para imponer aranceles podría abrir la puerta a un uso excesivo de estas facultades y debilitar el papel del Congreso.

Un informe reciente publicado por la American Association of Wine Economists señala que los consumidores y empresas estadounidenses han soportado el peso económico de estos aranceles. El estudio indica que los precios finales del vino han aumentado más allá del importe recaudado por el Gobierno debido a los márgenes aplicados por distribuidores y minoristas. Además, estos efectos sobre los precios tardan aproximadamente un año en trasladarse completamente al consumidor final.

En términos fiscales, según datos del Departamento del Tesoro estadounidense, la recaudación mensual por aranceles ha pasado de 7.000 millones a 30.000 millones de dólares desde abril. Esto supone unos 160.000 millones adicionales hasta ahora en un país cuyo déficit presupuestario para este ejercicio supera los 1,8 billones de dólares. Si el Tribunal Supremo anula estos aranceles, no solo desaparecería esa fuente de ingresos, sino que además el Gobierno podría verse obligado a devolver las cantidades ya pagadas por los importadores.

Algunos argumentos presentados ante el Tribunal sugieren que la IEEPA solo otorga poderes sobre bienes propiedad de entidades extranjeras y no sobre productos ya adquiridos por empresas estadounidenses. En el caso del vino importado, una vez llega a puerto estadounidense suele ser propiedad de empresas nacionales, lo que limitaría la capacidad presidencial para aplicar aranceles bajo esta ley.

El Tribunal Supremo ha reconocido la importancia del caso ampliando el tiempo destinado a las intervenciones orales y las preguntas a las partes implicadas. Aunque no existe una fecha concreta para conocer la decisión final, se espera un fallo antes del próximo verano debido al carácter urgente con el que se ha tramitado este asunto.