España expresa inquietud por la financiación de la PAC tras la propuesta presupuestaria europea

La financiación de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034 ha generado preocupación en España tras las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, y la respuesta de la Comisión Europea (CE). El asunto se ha tratado durante la reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrada en Copenhague. El Gobierno español ha mostrado inquietud por una posible reducción de fondos, mientras que la CE niega que vaya a haber recortes.

El origen del debate está en la propuesta presupuestaria presentada por la CE para el próximo marco financiero. Esta propuesta integra la PAC en un fondo más amplio, lo que ha provocado dudas entre los agricultores y responsables políticos españoles. Luis Planas ha señalado que los recortes podrían situarse en torno al 20 %, aunque otras fuentes manejan cifras entre el 15 % y el 22 %. Sin embargo, desde Bruselas insisten en que no se trata de una reducción directa, sino de un cambio en la forma de gestionar los fondos.

Según fuentes comunitarias, todavía no se conocen las dotaciones nacionales para cada país. La CE explica que comparar los fondos previstos para 2028-2034 con los del periodo actual (2021-2027) no es posible porque el sistema cambia. En el nuevo modelo, los países tendrán más responsabilidad para decidir cómo se distribuyen los recursos. La propuesta fija un mínimo de 302.000 millones de euros para agricultura y pesca, a lo que se suma una reserva para crisis. Esta cantidad sería la base garantizada, pero no la única disponible.

A esa cifra habría que añadir partidas variables. Por ejemplo, hasta 237.000 millones de euros adicionales podrían destinarse al sector primario si así lo deciden los Gobiernos nacionales a partir de 2028. Además, existe un fondo de 218.000 millones para regiones menos favorecidas dentro de la Unión Europea, del que podrían beneficiarse comunidades autónomas españolas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla.

Otra diferencia respecto al periodo anterior es que el presupuesto estará ajustado a la inflación, algo que no ocurría hasta ahora. También se prevén 40.000 millones de euros para investigación en salud, agricultura y bioeconomía. Aunque no está claro cuánto corresponderá al sector agrario, España suele participar activamente en estos programas europeos.

El economista Alan Matthews ha publicado esta semana un análisis en el que señala que aún no es posible saber con exactitud qué fondos recibirá la PAC en el futuro. Sin embargo, considera probable que el nivel nominal de apoyo se mantenga respecto al marco actual.

La Comisión Europea defiende varias ventajas del nuevo planteamiento. Entre ellas figura una mayor descentralización en la gestión de los fondos y una respuesta más ágil ante crisis comerciales o geopolíticas. Los planes nacionales seguirán siendo aprobados por Bruselas tras su presentación por parte de cada Gobierno.

En cuanto a los cambios internos de la PAC, se fusionan los dos pilares tradicionales: pagos directos y desarrollo rural. Según Bruselas, esto permitirá eliminar rigideces y evitar solapamientos en las ayudas. Se confirma también la continuidad del programa Leader para desarrollo rural.

Otras novedades incluyen un límite máximo anual de ayuda por agricultor fijado en 100.000 euros y modificaciones en las exigencias ambientales, que pasarán a ser incentivos voluntarios. Además, se proponen medidas para mejorar el bienestar y la salud mental de los productores agrícolas, como servicios de sustitución temporal para facilitar vacaciones o descansos.

Por último, se triplican los fondos destinados a situaciones de crisis y se anuncia un proyecto legal para regular el uso de términos relacionados con productos cárnicos en alimentos vegetales procesados, con el objetivo de evitar confusiones entre consumidores sobre productos como hamburguesas o bistecs veganos.

El futuro reparto concreto de fondos dependerá tanto del Gobierno español que esté al frente en 2028 como del resultado final de las negociaciones europeas sobre el presupuesto agrícola. Por ahora, tanto agricultores como responsables políticos siguen atentos a las próximas decisiones sobre una política clave para el campo español.