El Gobierno de Colombia sube el IVA de las bebidas alcohólicas del 5% al 19%

El Gobierno de Colombia ha presentado el proyecto de Ley de Financiamiento 2025, que introduce cambios en la tributación de las bebidas alcohólicas. La propuesta plantea que productos como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, vinos y otras bebidas fermentadas pasen de un IVA del 5% al 19%. Además, se establece un nuevo esquema para el impuesto al consumo, que incluye un componente ad valorem y uno específico.

En el caso de cervezas, sifones y mezclas con bebidas no alcohólicas, el impuesto específico será de 330 pesos colombianos por cada grado de alcohol en una unidad de 330 mililitros. El componente ad valorem se calculará aplicando una tasa del 30% sobre el precio de venta al público validado por el Dane. Para licores, aperitivos y vinos, el componente específico será de 750 pesos por grado alcoholimétrico en una botella de 750 mililitros, sumado a un ad valorem del 30%.

El Gobierno ha señalado que los ingresos adicionales obtenidos con este aumento impositivo se destinarán a financiar el seguro de salud. Se mantienen exenciones para productos destinados a la exportación o al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque bajo condiciones estrictas de control y marcaje.

César Cermeño, socio del equipo de litigio tributario del despacho Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa y director del posgrado en tributación de la Universidad de los Andes, ha pedido un análisis técnico más profundo sobre estas modificaciones. Cermeño advierte que un incremento en la carga fiscal puede incentivar el contrabando y la sustitución del consumo por productos más dañinos. Según una investigación realizada junto al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas podría tener efectos no deseados en el mercado.

Los productores y distribuidores deberán adaptarse a nuevas obligaciones formales y de reporte. El impacto económico ya se percibe en las proyecciones del sector. Esteban Ramos Maya, gerente general de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), explica que actualmente una botella de aguardiente paga unos 17.500 pesos en impuestos por unidad de 750 mililitros. Con la reforma propuesta, esa cifra subiría a 33.300 pesos solo en carga impositiva. Esto llevaría el precio final del Aguardiente Antioqueño desde los actuales 40.000 pesos hasta un rango entre 60.000 y 65.000 pesos.

Ramos Maya considera que este aumento podría provocar que los consumidores busquen alternativas más económicas, lo que favorecería el contrabando y la venta de licor adulterado. El gerente señala que esta situación afectaría las finanzas departamentales, ya que parte importante del presupuesto regional proviene precisamente de los impuestos sobre licores.

Diego Angelillis, gerente general de la Industria Licorera de Caldas (ILC), coincide en que la reforma tendría consecuencias graves para la industria nacional. Angelillis afirma que la suma del impuesto al consumo y el IVA al 19% dejaría fuera del mercado a muchos productos nacionales debido a los precios elevados. Además, advierte sobre un posible aumento del contrabando y la adulteración, lo que reduciría los ingresos destinados a salud y educación.

Las distribuidoras también han expresado su preocupación. Luz María González, responsable legal y de relaciones institucionales en Dislicores, considera que la reforma representa una carga fiscal excesiva para el sector formal y amenaza tanto a la industria como al consumidor final. González señala que en un mercado sensible al precio como el colombiano, los consumidores podrían optar por productos más baratos y menos seguros si suben los precios oficiales.

El aguardiente es una bebida muy popular en Colombia. El año pasado se vendieron más de 95 millones de botellas en todo el país. Las marcas más vendidas fueron Aguardiente Antioqueño (más de 60 millones), Amarillo de Manzanares (13 millones), Aguardiente Blanco del Valle (9,8 millones), Aguardiente Néctar (7 millones) y Aguardiente Caucano (3 millones). Los responsables del sector temen que un aumento superior al 60% en el precio final reduzca considerablemente las ventas.

La reforma mantiene exenciones para exportaciones y para productos destinados a San Andrés, Providencia y Santa Catalina bajo controles estrictos. Sin embargo, tanto empresarios como expertos fiscales insisten en la necesidad de debatir ampliamente estas medidas antes de su aprobación definitiva en el Congreso colombiano.