Presentan una propuesta en Francia para eliminar el alcohol del bar del parlamento nacional

El diputado francés Emmanuel Duplessy, del partido Génération.s, ha presentado una propuesta para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en la buvette de la Asamblea Nacional. El proyecto se dio a conocer el pasado 31 de octubre y forma parte de un informe sobre los créditos de la misión presupuestaria “Poderes públicos”. La iniciativa busca mejorar el control del gasto y revisar algunas costumbres internas en el Palacio Bourbon.

Según los datos recogidos por Duplessy, las ventas de alcohol en la buvette generaron menos de 100.000 euros durante el último año. El informe aclara que no solo los diputados consumen estas bebidas, ya que la buvette también está abierta a ministros, colaboradores, consejeros ministeriales y antiguos diputados.

El diputado propone además que las bebidas alcohólicas dejen de estar incluidas entre los gastos reembolsables con la llamada Avance Mensual de Gastos de Mandato (AFM). Esta asignación, instaurada en 2018, permite a los parlamentarios recuperar gastos relacionados con su función que no cubre directamente la Asamblea, como desplazamientos, alojamiento o comidas. La cuantía mensual asciende a 6.553 euros para la mayoría de los diputados.

Duplessy argumenta que, más allá del asunto de salud pública, resulta cuestionable que un diputado pueda cargar a su AFM el coste de una copa de vino consumida en la buvette parlamentaria, es decir, en su lugar de trabajo y entre sesiones. Según señala en su informe, muchos ciudadanos franceses se preguntan por qué se permite la venta de alcohol en un entorno laboral como el Parlamento.

La propuesta no afectaría a los gastos relacionados con la organización de recepciones oficiales, ceremonias o cenas de trabajo en las que el diputado invite a personas externas y donde se puedan servir bebidas alcohólicas. Así lo recoge el propio informe presentado por Duplessy.

El debate sobre el consumo de alcohol en instituciones públicas no es nuevo en Francia. Sin embargo, esta iniciativa pone sobre la mesa tanto cuestiones económicas como sociales y sanitarias. La medida aún debe ser debatida y votada por los miembros de la Asamblea Nacional antes de entrar en vigor.