El sector vitivinícola argentino alerta sobre el riesgo para la trazabilidad tras la derogación de más de 900 normas

El sector vitivinícola argentino ha expresado su preocupación ante el Ministerio de Economía tras la reciente desregulación impulsada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La resolución INV 37/2025 derogó más de 900 normas y modificó el digesto normativo, lo que supuso una reducción de controles intermedios y una flexibilización de certificaciones que históricamente formaban parte del sistema de control y registro del sector.

En respuesta a estos cambios, ministros de Producción de Salta, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y La Pampa, junto con entidades como la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), Acovi, la Federación de Cámaras Vitícolas, la Cámara Vitivinícola de San Juan, la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, la Asociación de Viñateros de Mendoza, la Cámara Argentina de Vinos a Granel y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa), enviaron una carta al ministro Luis Caputo. En el documento solicitaron que se mantengan los instrumentos que permiten asegurar la trazabilidad en toda la cadena productiva del vino.

Los firmantes señalaron que apoyan las reformas orientadas a mejorar la eficacia y simplificar los procesos administrativos en el sector. Sin embargo, subrayaron que estas medidas deben garantizar siempre la calidad y autenticidad de los productos vitivinícolas y proteger los derechos de propiedad de todos los actores involucrados.

La principal preocupación expuesta en la carta es que la desregulación del digesto afecta directamente al sistema integral de trazabilidad. Este sistema ha sido desarrollado durante años por el sector para asegurar transparencia y control desde el viñedo hasta el consumidor final. Los representantes del sector pusieron en valor dos herramientas fundamentales: la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05), junto con su Anexo de Terceros.

El CIU es considerado por las entidades como un documento clave para el ordenamiento de la producción primaria. Permite certificar con precisión el ingreso real de uva a las bodegas, detallando peso, variedad y condiciones. Su obligatoriedad ha permitido mantener transparencia y seguridad jurídica, especialmente para quienes producen bajo el régimen de maquila.

Por su parte, el CEC 05 es el formulario que da continuidad administrativa a los datos recogidos en el CIU. Registra los volúmenes elaborados y las titularidades correspondientes, lo que resulta esencial para identificar correctamente la producción ajena y respaldar documentalmente los derechos sobre ella.

Ambos instrumentos son considerados por los firmantes como elementos centrales para reconstruir con precisión todo el recorrido del producto desde su origen hasta su destino final. Según explican en la carta enviada al ministro Caputo, eliminar estos mecanismos fragmenta el sistema de trazabilidad e introduce incertidumbre en toda la cadena productiva. Además, advierten que esto puede afectar tanto a la seguridad jurídica como al funcionamiento ordenado del sector.

El documento también señala que mantener estos instrumentos es necesario para garantizar calidad y autenticidad en los productos vitivinícolas, proteger la propiedad y participación real de cada actor en la cadena, conservar la integridad estadística del INV y cumplir con estándares internacionales en materia de control e identificación. Asimismo, consideran que esto es fundamental para brindar confianza a consumidores y mercados tanto internos como externos.

Por estos motivos, las entidades firmantes solicitaron al Ministerio de Economía que asegure la continuidad plena del CIU y del CEC 05 como herramientas esenciales para mantener una trazabilidad completa y jurídicamente sólida en toda la cadena vitivinícola argentina.