Jueves 04 de Diciembre de 2025
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La Comisión de Viticultura de la Región de los Vinos Verdes (CVRVV), con sede en Oporto, ha asegurado este miércoles su colaboración total con las autoridades tras haber sido objeto de una operación policial que terminó con la detención de cuatro de sus empleados y cuatro empresarios del sector. La presidenta de la entidad, Dora Simões, explicó que la institución tiene interés en que los hechos se aclaren lo antes posible y que facilitarán toda la información requerida por la Policía Judiciaria (PJ) y el Ministerio Público.
La operación, denominada “Puro Verde”, se llevó a cabo en el norte de Portugal e incluyó 21 registros en domicilios y otras instalaciones, entre ellas la sede de la CVRVV. Según fuentes policiales, la investigación se inició tras una denuncia anónima recibida en agosto y apunta a un supuesto acuerdo entre empleados de la Comisión y empresarios para favorecer a determinados operadores económicos durante la vendimia de 2025. El método consistía en omitir deliberadamente controles sobre el origen y el tránsito de las uvas, así como su depósito en bodegas y productores.
La PJ informó que los detenidos son cuatro miembros de la División de Fiscalización y Control de la CVRVV y cuatro empresarios relacionados con la producción y distribución de vinos verdes. Además, han sido imputadas 17 personas físicas y jurídicas, y se han incautado bienes materiales y dinero en efectivo. Los delitos investigados incluyen corrupción activa y pasiva, falsificación documental y abuso de poder.
Dora Simões declaró que tanto ella como el resto del equipo directivo fueron sorprendidos por la investigación. Subrayó que no tenían conocimiento previo sobre los hechos investigados ni sobre el origen geográfico concreto de las empresas implicadas. Añadió que la Comisión es parte interesada en esclarecer lo ocurrido para proteger los intereses tanto de la institución como de toda la región productora.
La CVRVV es responsable del control, certificación y trazabilidad del vino verde, garantizando su origen, las variedades empleadas, los métodos de vinificación y otros requisitos legales. La sospecha sobre una posible manipulación del proceso certificador ha generado preocupación entre los más de 12.000 viticultores y más de 400 embotelladores que trabajan bajo esta denominación.
En un comunicado enviado a los medios, la Comisión lamentó el impacto negativo que este tipo de denuncias puede tener sobre el trabajo realizado por el sector. Reiteró su compromiso con la transparencia y con mantener los estándares más rigurosos en materia de certificación.
La PJ recordó que cualquier alteración o fraude en el proceso certificador pone en riesgo no solo la calidad del producto final sino también la confianza del consumidor en los vinos con Denominación de Origen e Indicación Geográfica. El objetivo principal del grupo investigado habría sido obtener ventajas económicas mediante favores indebidos, tanto en bienes como en dinero.
Las prácticas bajo sospecha habrían resultado difíciles de detectar pese a los controles internos aplicados por la dirección de la Comisión y a las inspecciones especiales realizadas por otras autoridades como la GNR y ASAE. Los ocho detenidos serán presentados ante el Tribunal de Instrucción Criminal de Oporto para prestar declaración ante el juez instructor, quien decidirá sobre las medidas cautelares a aplicar mientras continúa el proceso judicial.
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