¿Será el “Paquete Vino” el inicio de una nueva era para el vino europeo?

El Parlamento Europeo aprobó el 7 de noviembre de 2025 un paquete legislativo conocido como "Paquete Vino" para reordenar el sector vitivinícola de la Unión Europea tras varios años de consumo interno a la baja, excedentes de producción, aumento de costes y presión de productores de fuera. La medida cambia normas de la Organización Común del Mercado Agrícola, de los Planes Estratégicos de la PAC y del Reglamento de Productos Vinícolas Aromatizados, con la idea de dar herramientas de gestión, claridad al consumidor y margen financiero a viticultores y bodegas. La iniciativa llega después de que Francia, Italia, España y otros países pidieran una respuesta coordinada y de que un Grupo de Alto Nivel remitiera recomendaciones a la Comisión, que tomó forma de propuesta en marzo de 2025 y obtuvo el aval de la Comisión de Agricultura con 43 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

La reforma establece por primera vez una categoría legal de "vino sin alcohol" para productos con menos de 0,05% vol., con la posibilidad de indicar "0,0%" en etiqueta, y obliga a usar la mención "vino con alcohol reducido" cuando el producto tenga 0,5% vol. o más pero al menos un 30% menos de graduación respecto al estándar de su categoría. Se pretende evitar confusiones con términos difusos y abrir espacio a la innovación en un mercado donde aumentan las opciones de menor graduación. En paralelo, se impulsa el etiquetado electrónico mediante códigos QR para ofrecer información ampliada sobre origen, sostenibilidad, ingredientes o valores nutricionales sin recargar la etiqueta física, alineando al vino con la digitalización que ya avanza en el sector agroalimentario europeo.

En gestión de crisis, el paquete autoriza por primera vez que los fondos comunitarios específicos del vino financien de forma directa destilación de crisis, vendimia en verde y arranque de viñedos cuando sea necesario retirar producto o ajustar el potencial productivo, descargando a los presupuestos nacionales. Eleva del 20% al 30% el tope de presupuesto nacional que puede dedicarse a estas medidas, permite trasladar a ejercicios siguientes los fondos no ejecutados para evitar el "usar o perder" y concede un año adicional para replantar tras casos de fuerza mayor como granizo, inundaciones o plagas, con el fin de no penalizar a quien no pueda reponer a tiempo por causas ajenas a su voluntad. No se incorporan, no obstante, dotaciones extraordinarias por encima de las ya previstas en la PAC, lo que implica reordenar recursos existentes.

La vertiente comercial refuerza la promoción en países terceros con programas de hasta cinco años, frente a periodos más breves que impedían continuidad, y con la posibilidad de elevar la cofinanciación europea en algunos casos hasta el 80%, según defendieron eurodiputados durante la tramitación. La idea es sostener el esfuerzo en mercados estratégicos de Asia y Norteamérica ante el estancamiento del consumo europeo, facilitando además mensajes más completos y verificables gracias al etiquetado digital.

En sanidad vegetal, la norma abre la vía a financiar al 100% con fondos comunitarios la prevención y el control de enfermedades muy contagiosas de la vid, como la flavescencia dorada, incluyendo vigilancia, arranque de cepas afectadas e investigación, lo que reduce la carga para regiones con menos capacidad financiera. En sostenibilidad, simplifica trámites y orienta apoyos hacia prácticas más eficientes frente al cambio climático —desde variedades resistentes hasta riego más eficaz—, dejando parte del desarrollo a la ejecución nacional.

El texto incorpora salvaguardas para las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas. Cuando un viñedo acogido a DOP o IGP sea arrancado en un plan de ajuste, los Estados podrán impedir que en ese mismo terreno se planten viñas destinadas a vinos sin indicación, preservando el potencial de calidad del área. Quedan fuera de esta restricción los llamados "viñedos heroicos", ubicados en pendientes extremas, altitud elevada o islas, donde se reconoce una casuística particular y un valor patrimonial que aconseja mayor flexibilidad.

El anuncio fue recibido con alivio por buena parte del sector. Federvini en Italia valoró las simplificaciones de etiquetado y el refuerzo a la promoción como una base sólida para el acuerdo final y un mensaje claro de apoyo institucional a un sector emblemático del sistema agroalimentario europeo. En España, bodegas y consejos reguladores aplaudieron la flexibilidad presupuestaria que permite no perder fondos entre ejercicios y el impulso a la presencia en mercados externos. La industria del vino fuera de la UE siguió el movimiento con atención, al entender que una Europa más estable evita desórdenes bruscos en la oferta mundial y reduce el riesgo de derrumbes de precios cuando hay excedentes europeos.

También hubo reservas. La Unione Italiana Vini habló de "claroscuros": apoya la mayor cofinanciación para promoción y la digitalización, pero teme que incluir arranques y destilación entre las medidas elegibles sin añadir dinero nuevo desvíe recursos que deberían ir a modernización e innovación. Su presidente, Lamberto Frescobaldi, recordó la experiencia de 2009, cuando se gastaron cerca de 1.000 millones de euros en arranques con resultados discutidos. Analistas apuntan, además, que el paquete no incorpora un plan específico para reactivar el consumo en las nuevas generaciones ni aporta una inyección extraordinaria inmediata para aliviar pérdidas de renta, pese a que en 2023 Francia pidió 200 millones de euros de emergencia para destilar excedentes. Dentro de la propia Comisión hubo voces que prefieren priorizar la salida comercial del vino antes que destruir potencial productivo, advirtiendo del equilibrio que habrá que mantener para no saturar el mercado ni reducir en exceso la base vitícola.

A partir de su entrada en vigor, se abren varios caminos plausibles. En el más favorable, la flexibilidad financiera y la respuesta rápida en crisis estabilizan ingresos, los viñedos se reestructuran hacia variedades más demandadas y adaptadas al clima, la promoción sostenida gana cuota en Asia y Norteamérica, el vino sin alcohol europeo se consolida como categoría fiable y la gestión sanitaria limita daños, con Europa manteniendo liderazgo en volumen y prestigio. En una variante más prudente, las herramientas evitan males mayores pero el consumo europeo sigue cayendo lentamente, se reduce el potencial productivo en áreas menos rentables con impacto en el paisaje rural, la exportación sostiene el negocio con más esfuerzo en innovación, enoturismo y formatos que interesen a públicos jóvenes, y la legislación necesitaría ajustes adicionales hacia 2030. En el peor trazado, la falta de fondos nuevos y las demoras nacionales restan eficacia, el consumo se contrae con rapidez, los mercados exteriores no absorben el excedente y regresan destilaciones masivas y arranques extensos con pérdida de patrimonio vitícola y salida de productores, obligando a replantear la política desde la base. Existe, por último, una vía transformadora en la que la digitalización, la sostenibilidad y la apertura regulatoria aceleran cambios técnicos y de modelo de negocio: más venta directa apoyada en información verificable, subproductos con valor en otras industrias, nuevas técnicas de viñedo y bodega menos dependientes del clima, e incluso un mapa vitícola que desplaza parte de la producción hacia zonas hoy más frescas, mientras las denominaciones adaptan sus pliegos para no perder tracción.

El "Paquete Vino" no añade por sí mismo dinero extra, pero ordena mejor las reglas del juego y amplía el margen para decidir cómo, dónde y cuándo intervenir. Su efecto real dependerá de la aplicación en cada Estado miembro, de la coordinación con el sector y de la rapidez para activar instrumentos cuando se necesiten. La UE asume con esta norma que el vino es un activo económico y cultural que requiere una política estable, preventiva y flexible para atravesar un periodo de cambio y mantener su posición en el mercado internacional.