Milei y Capitalismo sin frenos: ¿Turismo, vitivinicultura y agua?

La agenda liberal-radical implementada por el presidente Javier Milei ha modificado profundamente la estructura económica argentina, consolidando un modelo de apertura comercial, desregulación y fuerte atracción de capital extranjero.

Basado en una terapia de choque con ajuste fiscal, privatizaciones y flexibilización normativa, el programa logró reducir la inflación —de niveles superiores al 200% en 2023 a menos del 2% mensual hacia 2025— y revertir una década sin equilibrio presupuestario. Sin embargo, este avance macroeconómico convive con severos recortes en ciencia, ambiente y programas sociales, que debilitan la gobernanza territorial y amplifican la presión sobre ecosistemas claves.

La expansión acelerada de la minería, el litio y la energía fósil impulsa el crecimiento exportador, pero incrementa el riesgo de sobreexplotación hídrica y degradación ambiental, afectando la competitividad de sectores estratégicos como el turismo y la vitivinicultura, dependientes de la calidad paisajística y del agua. En carencia de marcos de control sólidos, el capital extractivo avanza más rápido que la institucionalidad ambiental, configurando tensiones sociales y riesgos reputacionales que amenazan la sustentabilidad de la marca país.

Argentina enfrenta así un punto de inflexión: transformar la apertura económica en una oportunidad de desarrollo sostenible o profundizar un modelo de rentabilidad inmediata con costos ecológicos y sociales de largo alcance.​

La vitivinicultura argentina, sector clave en la economía y la exportación, enfrenta desafíos críticos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la gestión hídrica, fundamentales para mantener la calidad y prestigio internacional de sus productos.

Mendoza, principal región productora, depende en un 85% del riego de cuencas hídricas sensibles que están bajo presión por la minería y el cambio climático, lo que genera estrés hídrico y afecta la calidad del agua para riego. Además, certificaciones internacionales y mercados premium exigen cada vez más prácticas responsables y criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), haciendo irrelevante cualquier retroceso ambiental o conflicto socioambiental que pueda afectar la trazabilidad y la imagen de las bodegas argentinas.

La exclusión de las comunidades locales en la toma de decisiones y la opacidad en los mecanismos regulatorios alimentan la desconfianza y la resistencia social, lo cual no solo debilita la cohesión territorial sino que también representa un riesgo importante para la estabilidad política y la gobernabilidad del país. Estos conflictos, que incluyen movilizaciones y denuncias por afectaciones al agua, salud y modos de vida tradicionales, han expuesto la urgencia de incorporar mecanismos efectivos de participación ciudadana y fortalecimiento institucional para garantizar un desarrollo económico inclusivo y sostenible.

En este contexto, el rol de las políticas públicas locales se vuelve decisivo. Medidas como la protección de cuencas, la fiscalización ambiental, los incentivos a la restauración y los sistemas de certificación territorial pueden moderar el trade-off entre crecimiento y sustentabilidad. Más aún, permiten canalizar parte del impulso inversor hacia proyectos que respeten la base natural y fortalezcan la marca país, transformando el riesgo en oportunidad.

La transición hacia un desarrollo equitativo y respetuoso del medio ambiente no es solo un imperativo ético, sino la única vía para consolidar una marca país sólida y competitiva en el escenario global.

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