Martes 23 de Diciembre de 2025
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La imposición de nuevos derechos de aduana sobre el vino importado en Estados Unidos ha provocado cambios en la estrategia de productores, importadores, distribuidores y minoristas. Mientras la Corte Suprema estadounidense aún debe pronunciarse sobre la legalidad de estas tasas, el sector busca fórmulas para amortiguar el impacto. Entre las medidas adoptadas figuran el reparto de los impuestos a lo largo de la cadena, la reducción de la base imponible y la cobertura frente a las fluctuaciones del tipo de cambio. Sin embargo, los expertos coinciden en que el efecto sobre el consumo será difícil de evitar.
A principios de este mes, la Unione Italiana Vini (UIV), que agrupa a más de 800 empresas vitivinícolas italianas, alertó sobre la situación. Según sus datos, en el tercer trimestre del año, el precio del vino italiano destinado a Estados Unidos bajó un 15% de media, mientras que el francés cayó un 26%. La UIV calcula que las pérdidas en exportaciones hacia Estados Unidos alcanzaron los 110 millones de euros solo en el último trimestre respecto al año anterior. Además, señala que el precio medio del vino al salir del canal de distribución estadounidense subió entre 4 y 5 puntos porcentuales en octubre, mientras que las compras previas a Acción de Gracias no se han recuperado.
La situación es diferente según cada empresa y país. Sandra Feral, responsable de exportación de Vinovalie, en el suroeste francés, explica que han compartido los derechos de aduana con sus importadores a partes iguales. Aunque Estados Unidos no es todavía un mercado prioritario para Vinovalie —con una facturación anual cercana a los 200.000 euros hasta finales de agosto—, han ofrecido descuentos a sus cinco o seis importadores para absorber parte del sobrecoste impuesto por la administración Trump. A esta presión fiscal se suma la parálisis administrativa derivada del bloqueo presupuestario federal, que ha frenado proyectos como la aprobación de nuevas etiquetas por parte del TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau). Según Feral, esto dificulta introducir nuevas referencias y desarrollar el mercado estadounidense. Pese al esfuerzo compartido, los precios han subido y los importadores se ven obligados a trasladar los impuestos al consumidor final.
En Italia, las respuestas varían según la estructura empresarial. Marco Volpi, responsable del centenario Cantine Volpi en Piamonte, indica que han reducido sus precios un 5%, aunque los precios minoristas permanecen congelados por acuerdos contractuales entre importadores y distribuidores. A pesar del ajuste, Volpi observa una caída media del 20% en sus ventas en Estados Unidos y una paralización de nuevos proyectos debido a la incertidumbre actual.
Por otro lado, StraItalian ha optado por mantener sus tarifas. Su director, Gaetano Peragine, argumenta que ya operan con márgenes ajustados y deben apoyar a los viticultores con los que trabajan. La empresa ha revisado su organización interna para centrarse en las referencias más rentables y suspender lanzamientos que requieran muchos recursos. Además, StraItalian cuenta con una filial estadounidense que le permite controlar mejor ciertos costes operativos y limitar el impacto de las variaciones monetarias. Peragine señala que disponer de cuentas bancarias tanto en Estados Unidos como en Italia les ayuda a protegerse frente al tipo de cambio, aunque esto no ha evitado una caída en las ventas este año. El directivo reconoce haber rechazado pedidos con plazos de pago excesivos para evitar riesgos de impago y prefiere asegurar los cobros antes de enviar mercancía.
En cuanto al precio final para el consumidor estadounidense, Peragine indica que sus vinos se sitúan entre 10 y 20 dólares y han experimentado un aumento medio de un dólar por botella en tienda. En algunos casos, los distribuidores han reducido sus márgenes para evitar subidas bruscas.
Jonas de Maere, quien fue comprador de vinos para Ahold Delhaize USA hasta agosto pasado, relata cómo su empresa reunió a todos los actores implicados tras conocerse la noticia sobre los derechos aduaneros. El objetivo era evitar una subida generalizada de precios. Según De Maere, todos intentaron mantener estables los precios finales para el consumidor durante este periodo gracias a acuerdos previos y planes conjuntos implementados desde junio.
Sin embargo, con la llegada del nuevo millésime 2025 y la apertura del ciclo comercial para 2026, se están renegociando contratos y coberturas frente al tipo de cambio. De Maere advierte que factores como el aumento del precio del vino a granel español también influyen y prevé subidas visibles en tienda entre febrero y junio del próximo año.
Los operadores estadounidenses también han optado por racionalizar sus carteras y simplificar gamas ante la incertidumbre fiscal. De Maere apunta que no era momento para lanzar nuevas referencias durante este año; los minoristas han preferido reducir su oferta antes que ampliarla. Además, ante las dificultades actuales del sector vitivinícola californiano —con precios bajos— se plantea sustituir vinos importados por productos locales no sujetos a derechos aduaneros. Esta tendencia podría modificar los hábitos de compra si el precio pasa a ser más determinante que el origen.
Peragine confía en que la vía judicial ponga fin pronto a estos derechos aduaneros y considera poco probable su prolongación más allá del plazo máximo permitido por ley. La cuestión principal será si se reembolsarán o no las sumas ya recaudadas; según él, lo más probable es que se fije una fecha final sin devolución retroactiva.
El sistema conocido como “three tiers” —que reparte el impacto fiscal entre productor, importador y distribuidor— ha permitido amortiguar parcialmente las tasas pero presenta limitaciones importantes por su falta de transparencia e ineficiencia logística. De Maere ilustra cómo esta opacidad puede llevar a acumulaciones inesperadas de stock: un productor puede pensar que ha vendido toda su producción cuando solo una parte ha llegado realmente al consumidor final debido a varios niveles intermedios poco comunicados entre sí.
Para mejorar esta situación, De Maere ha creado Vintaflow, una plataforma digital destinada a recopilar datos relevantes del sector y presentarlos en informes útiles para facilitar decisiones comerciales rápidas tanto a productores como minoristas.
El futuro inmediato dependerá tanto del desenlace judicial como de la capacidad del sector para adaptarse a un entorno donde los precios tienden al alza y el consumo muestra signos claros de retroceso ante cada nueva carga fiscal añadida al vino importado en Estados Unidos.
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