El 95% de la industria vitivinícola argentina rechaza eliminar el certificado obligatorio de ingreso de uva

El conflicto entre la industria vitivinícola argentina y el Gobierno nacional se ha intensificado esta semana tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario criticó públicamente a la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) por su decisión de recurrir a la Justicia para frenar parte del proceso de desregulación iniciado en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El principal punto de desacuerdo es la eliminación de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un documento que, según los productores, resulta fundamental para garantizar la trazabilidad y transparencia en la cadena productiva.

Sturzenegger utilizó la red social X para expresar su postura. En su mensaje, acusó a las entidades vitivinícolas de “usar argumentos delirantes” y “hacer daño” a sus propios colegas. Además, comparó la situación con lo ocurrido en el fútbol argentino cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, recurrieron a la Justicia para impedir que los clubes pudieran convertirse en sociedades anónimas tras un decreto presidencial.

La respuesta de los viñateros no se hizo esperar. La AVM emitió un comunicado en el que rechazó las declaraciones del ministro y cuestionó la comparación con el ámbito deportivo. Según el texto difundido por la asociación, “la vitivinicultura no es un espectáculo deportivo, es producción, desarrollo económico genuino, fuente de trabajo e identidad cultural”. La entidad defendió su postura afirmando que representa a los productores primarios y negó actuar en defensa de intereses sectoriales concentrados o por resistencia al cambio.

La AVM subrayó que “el 95% de la industria está de acuerdo” en mantener herramientas como el CIU, al considerarlas esenciales para proteger a los pequeños productores. Explicaron que este certificado acredita la propiedad, procedencia, variedad y condición de la uva, y constituye el único respaldo oficial para los viñateros al momento de entregar su producción o encargar su elaboración a terceros. Según argumentan, convertir este trámite en voluntario dejaría desprotegidos a los productores y debilitaría la trazabilidad desde el viñedo, lo que podría favorecer prácticas informales y perjudicar al conjunto del sector.

La asociación también aclaró que acudieron a la vía judicial solo después de agotar todas las instancias de diálogo posibles. Su objetivo principal es proteger el derecho de propiedad de los productores primarios y salvaguardar el interés general del sector vitivinícola.

Por su parte, desde COVIAR también respondieron a las críticas del ministro. Mario González, presidente de la organización, lamentó que Sturzenegger no haya comprendido los argumentos expuestos por todo el sector durante una reciente reunión en el INV. González señaló que si bien apoyan medidas para reducir trámites innecesarios, consideran imprescindible mantener aquellos procedimientos que garantizan trazabilidad y reputación internacional del vino argentino.

González añadió que continuarán trabajando junto a los gobiernos provinciales y organismos nacionales para buscar soluciones consensuadas. Además, calificó como irresponsables e ignorantes las opiniones vertidas por Sturzenegger y afirmó que no responderán en los mismos términos por una cuestión de respeto institucional.

El debate sobre la desregulación en el sector vitivinícola argentino sigue abierto. Mientras tanto, productores y autoridades mantienen posturas enfrentadas sobre cómo garantizar transparencia y protección dentro de una actividad clave para muchas economías regionales.