Viernes 20 de Febrero de 2026
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió este viernes que la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés) no otorga al presidente la facultad de imponer aranceles. La decisión, adoptada por seis votos contra tres, supone un revés para la administración de Donald Trump, que había utilizado esta ley para establecer aranceles denominados “recíprocos” desde abril de 2025. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh emitieron una opinión contraria a la mayoría.
La sentencia confirma el fallo de un tribunal inferior que consideró que el uso de la IEEPA para imponer aranceles excedía las competencias presidenciales. El Supremo subraya que la Casa Blanca debe contar con una autorización clara del Congreso para aplicar medidas arancelarias extraordinarias. El texto legal, aprobado en 1977, permite al presidente regular o prohibir transacciones internacionales en situaciones de emergencia nacional, pero no menciona expresamente los aranceles ni los derechos aduaneros.
El presidente estadounidense había advertido en enero que una decisión contraria a los aranceles supondría “un desastre completo” y obligaría al país a devolver “miles de millones” de dólares. Tras el anuncio de los aranceles globales en abril de 2025, una docena de estados y empresas estadounidenses presentaron recursos judiciales al considerar que el presidente había sobrepasado sus atribuciones al recurrir a la IEEPA mediante órdenes ejecutivas.
La decisión del Supremo obliga ahora a revisar la política comercial estadounidense. Los aranceles impuestos bajo la IEEPA quedan invalidados, aunque otros establecidos bajo diferentes normativas pueden mantenerse o reconfigurarse. El fallo también abre la puerta a reclamaciones masivas por parte de empresas importadoras que buscan recuperar los pagos realizados durante el periodo en que estuvieron vigentes estos aranceles. El modelo presupuestario Penn Wharton estima que las devoluciones podrían alcanzar hasta 175.000 millones de dólares.
En el sector del vino y las bebidas alcohólicas, el impacto es inmediato. V.O.S. Selections, un importador y distribuidor estadounidense, figuraba entre los demandantes principales del caso. La retirada del arancel afecta especialmente a vinos europeos, que habían soportado gravámenes del 15% en el último año. La medida había encarecido los precios para el consumidor final y reducido la cuota de mercado europea en Estados Unidos, especialmente en segmentos medios y premium.
La eliminación del arancel permitirá ajustar los precios y ampliar la oferta disponible en tiendas y restaurantes estadounidenses. Los importadores podrán renegociar contratos y reactivar promociones suspendidas durante el periodo tarifario. Además, se prevé una normalización de los flujos logísticos: las importaciones dejarán de adelantarse por temor a nuevas subidas y se reducirá la acumulación preventiva de inventarios.
Para los productores europeos —principalmente España, Francia e Italia— la sentencia supone una oportunidad para recuperar ventas perdidas en el mercado estadounidense. Durante el periodo tarifario, las exportaciones se vieron afectadas por la pérdida de competitividad frente a vinos locales o procedentes de países no sujetos al gravamen. La reapertura del mercado estadounidense aliviará también el exceso de existencias acumuladas en Europa durante 2025.
En sentido contrario, los productores estadounidenses pierden parte del margen competitivo ganado durante el último año gracias a la protección arancelaria. Bodegas californianas, así como otras regiones productoras nacionales, tendrán que ajustar sus estrategias comerciales ante la previsible recuperación del vino europeo en supermercados y restauración.
El proceso administrativo para tramitar las devoluciones será complejo y requerirá coordinación entre las empresas importadoras y la agencia estadounidense de aduanas (CBP). Las grandes compañías cuentan con equipos jurídicos preparados para reclamar cantidades elevadas; las pequeñas y medianas empresas podrían encontrar más dificultades para documentar sus reclamaciones.
Desde el punto de vista macroeconómico, los analistas prevén un efecto moderado pero positivo sobre la inflación estadounidense: algunos productos importados reducirán su precio final, aunque parte del stock actual fue adquirido bajo el régimen anterior y tardará en trasladarse al consumidor. Para las empresas dependientes de insumos extranjeros —como minoristas o fabricantes alimentarios— disminuye la volatilidad regulatoria y mejora la capacidad de planificación.
En términos fiscales, el Tesoro estadounidense afronta ahora una doble presión: por un lado, deberá gestionar las devoluciones solicitadas por los importadores; por otro, verá reducidos sus ingresos futuros si no se sustituyen estos aranceles por otras medidas equivalentes.
A nivel internacional, la sentencia limita la capacidad del Ejecutivo estadounidense para utilizar los aranceles como herramienta inmediata en negociaciones comerciales bilaterales. A partir de ahora, cualquier medida similar requerirá investigaciones previas o autorizaciones específicas del Congreso, lo que introduce mayor previsibilidad pero reduce la rapidez con la que se pueden aplicar cambios tarifarios.
En el sector vinícola español se espera una reactivación progresiva de las exportaciones hacia Estados Unidos durante los próximos meses. Las denominaciones más afectadas podrán recuperar parte del terreno perdido frente a competidores locales o internacionales. Las organizaciones sectoriales europeas han valorado positivamente el fallo judicial y confían en que sirva para consolidar acuerdos comerciales estables con Estados Unidos.
Por su parte, asociaciones estadounidenses como Wine & Spirits Wholesalers of America han celebrado públicamente la decisión judicial al considerarla un paso hacia una mayor seguridad jurídica y previsibilidad en materia comercial.
El futuro inmediato dependerá ahora tanto del desarrollo administrativo de las reclamaciones como de posibles iniciativas legislativas en el Congreso estadounidense para redefinir el marco regulatorio aplicable a los aranceles comerciales. Mientras tanto, importadores y distribuidores ajustan sus estrategias ante un escenario marcado por menor incertidumbre regulatoria pero con riesgos latentes si se recurre a otras normativas para restablecer barreras comerciales.
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