El futuro agroalimentario de Europa se juega en España

Desde el 1 de julio, España asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea (UE), enfocándose en fortalecer la "autonomía estratégica abierta" del sector primario mediante la implementación de nuevas tecnologías y la discusión de diversas cuestiones críticas. En su papel como presidente, el Gobierno español tiene entre sus objetivos primordiales impulsar la independencia en el ámbito de la alimentación, así como en otros sectores estratégicos que incluyen la salud, la energía y la tecnología.

El desafío radica en prevenir que la globalización afecte negativamente el bienestar de los ciudadanos por dificultades de suministro, similares a las observadas durante la pandemia o la crisis en Ucrania. En respuesta a estas adversidades, el Gobierno busca fomentar un sector agroalimentario más resiliente, donde las nuevas tecnologías jugarán un papel esencial.

Funcionarios gubernamentales han destacado la relevancia de promover, durante el mandato europeo, la aplicación de tecnologías emergentes en el sector primario, entre las que se incluyen técnicas de agricultura de precisión y biotecnología.

La edición genómica es uno de los ejemplos más destacados en este ámbito. La Comisión Europea (CE) planea presentar en julio una propuesta sobre las nuevas técnicas genómicas, que abre la puerta a la posibilidad de utilizar la edición genética para mejorar los cultivos frente a situaciones de sequía, plagas y enfermedades. Esta estrategia podría ayudar a disminuir el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes.

El momento es crucial, ya que España ostentará una de las últimas presidencias rotativas antes de que finalicen los mandatos de la Comisión y el Parlamento Europeos, que celebrarán elecciones en junio de 2024. Por tanto, el impulso a este expediente es esencial para que pueda ser concluido más adelante.

En el contexto de la edición genómica, investigadores y empresas de obtención vegetal han solicitado la autorización de estas nuevas técnicas a nivel comunitario, argumentando que difieren de las utilizadas para producir transgénicos, que están actualmente bloqueadas en la UE.

Paralelamente, se prevé que en el próximo semestre se alcance un acuerdo final sobre la modificación del reglamento de las indicaciones geográficas protegidas (IGP), una normativa en la que se ha venido trabajando durante mucho tiempo. Sin embargo, los productos con indicaciones geográficas y denominaciones de origen de España miran con recelo algunos aspectos de la reforma, en particular la posibilidad de que la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo) asuma la gestión de estas figuras de calidad.

En cuanto al uso de pesticidas, se observa un panorama especialmente polémico. El dossier sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios está en cierta medida estancado por falta de consenso entre el Parlamento y el Consejo de la UE. La CE ha prometido adoptar medidas para reducir a la mitad el uso y el riesgo de los pesticidas químicos para 2030. Sin embargo, persisten las dudas sobre las alternativas existentes y su impacto en la producción y los precios. El Gobierno español aboga por continuar avanzando en la mejora del uso de fitosanitarios como parte de la gestión integrada de plagas, en lugar de centrar el debate en la reducción del 50%.

Finalmente, Bruselas tiene pendientes de presentar sus propuestas sobre la iniciativa marco de sistemas alimentarios saludables y sobre la ley de salud del suelo en la UE, así como la esperada revisión del reglamento de información alimentaria facilitada al consumidor. Este último incluye aspectos como la homogeneización en la indicación del origen de los productos, el etiquetado nutricional y el de las bebidas alcohólicas.