El 'Shutdown' de EEUU paraliza la aprobación de nuevas marcas de vino y bebidas espirituosas

La paralización de la administración federal de Estados Unidos, conocida como "Government Shutdown", está afectando de forma directa a la industria del vino y las bebidas espirituosas, tanto a nivel nacional como internacional. El cierre se produce tras el desacuerdo político sobre la aprobación del nuevo presupuesto y ha provocado la suspensión de numerosos servicios públicos, entre ellos los que gestiona la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB) y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El pasado 1 de octubre, fecha en la que entró en vigor el cierre, el Wine Institute de California informó a sus miembros sobre las consecuencias inmediatas para el sector. La principal preocupación es la interrupción de los servicios que ofrece la TTB, fundamentales para la actividad diaria de bodegas y destilerías. Entre los servicios suspendidos se encuentra la emisión de los certificados de aprobación de etiquetas (COLAs), un requisito obligatorio para cualquier bebida alcohólica que se comercialice en Estados Unidos. Sin este documento, no es posible lanzar nuevos productos al mercado ni modificar etiquetas existentes.

Según W. Blake Gray, periodista especializado en la plataforma Wine-Searcher, las bodegas pueden realizar ciertos cambios internos, como modificar el porcentaje de variedades en una mezcla, pero no pueden introducir nuevas referencias o marcas sin la aprobación federal. Esto afecta tanto a productores estadounidenses como a exportadores extranjeros que buscan introducir nuevas variedades o marcas en el país. Además, todas las solicitudes de registro de nuevas marcas están paralizadas y no se están tramitando actualizaciones de información empresarial.

Wine-Searcher también ha informado que algunas bodegas no han recibido devoluciones fiscales prometidas por la anterior administración estadounidense. Por otro lado, las agencias encargadas de promover los vinos estadounidenses en mercados internacionales han detenido su actividad debido a la falta de fondos.

La situación genera inquietud entre los exportadores que envían vino y bebidas espirituosas a Estados Unidos. El medio especializado "Supply Chain Digital" ha señalado que la CBP sigue recaudando aranceles y gestionando mercancías bajo un plan de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, la reducción de personal y los retrasos en la tramitación documental están provocando cuellos de botella y demoras tanto en puertos como en empresas ferroviarias y logísticas.

Las inspecciones documentales, la imposición de aranceles y el control del cumplimiento normativo avanzan con lentitud porque parte del personal considerado no esencial está temporalmente fuera de servicio. Los productos sujetos a controles especiales, como medicamentos, mercancía perecedera y otros bienes regulados, pueden sufrir esperas más largas antes de ser liberados.

Además, se prevé saturación en los más de 1.700 almacenes aduaneros del país, donde los importadores suelen desviar sus envíos para evitar retrasos en el despacho aduanero. Durante el anterior cierre gubernamental en 2019, que duró 35 días, el tiempo medio que permanecían las mercancías en el puerto de Los Ángeles/Long Beach aumentó entre un 15% y un 20%. En aquella ocasión, la reapertura coincidió con la necesidad de normalizar el tráfico aéreo antes del periodo vacacional de Acción de Gracias.

Expertos del sector consideran probable que este año se repita una situación similar si el cierre se prolonga varias semanas más. La incertidumbre afecta tanto a productores nacionales como a importadores internacionales, que dependen del funcionamiento regular de las agencias federales para mantener su actividad comercial sin interrupciones.