El Congreso de Estados Unidos exige transparencia en las nuevas guías alimentarias sobre el consumo de alcohol

El proceso de actualización de las Guías Alimentarias para estadounidenses, que incluye las recomendaciones sobre el consumo de alcohol, sigue generando debate en Washington. Aunque Joe Biden ya no ocupa la presidencia, su influencia persiste en el comité encargado de redactar las directrices para 2025. El Congreso ha intentado, sin éxito hasta ahora, que la administración anterior cumpla con los procedimientos legales establecidos. Ahora, con un nuevo presidente en la Casa Blanca, los legisladores vuelven a insistir en que se respete la normativa.

El asunto tiene gran importancia para varios sectores. Si las nuevas guías recomiendan que ningún nivel de consumo de alcohol es seguro, como proponen algunos miembros del comité nombrado durante el mandato de Biden, las consecuencias podrían afectar a la industria de bebidas alcohólicas, a los restaurantes y a la economía estadounidense en general. La historia muestra que decisiones sobre el consumo de alcohol pueden tener efectos económicos amplios. Por ejemplo, cuando Franklin D. Roosevelt puso fin a la Ley Seca durante la Gran Depresión, reactivó el empleo en cervecerías y bodegas y devolvió a los ciudadanos a bares y restaurantes legales.

Las Guías Alimentarias se actualizan cada cinco años y deben estar listas antes de que termine 2025. El Congreso exige que estas recomendaciones se basen en el conocimiento científico más reciente y que el proceso sea transparente. Para ello, la ley establece que la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM) debe asesorar sobre las recomendaciones relativas al alcohol. NASEM formó un grupo de 14 expertos en nutrición, salud pública, endocrinología reproductiva, psiquiatría, epidemiología y medicina de urgencias. Este grupo revisó la evidencia científica disponible y concluyó que el consumo excesivo o el alcoholismo son perjudiciales, pero que el consumo moderado puede reducir el riesgo general de mortalidad.

Sin embargo, al mismo tiempo, la administración Biden impulsó la creación de un comité paralelo dentro del Comité Interinstitucional para la Prevención del Consumo de Alcohol en Menores (ICCPUD). Este grupo estaba formado por seis personas: tres especialistas en adicciones, un epidemiólogo universitario, un anestesista y una científica financiada por una organización dedicada a reducir el consumo entre mujeres jóvenes. Según fuentes del sector vinícola estadounidense, este comité tenía menos experiencia específica sobre alcohol que el panel de NASEM.

El informe del ICCPUD concluyó que cualquier cantidad de alcohol resulta perjudicial para la salud. Esta postura coincide con las opiniones personales atribuidas a Biden sobre el tema. Sin embargo, según la legislación vigente, las guías alimentarias deben seguir las conclusiones del informe elaborado por NASEM y no deberían tener en cuenta el documento del ICCPUD.

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, James Comer (republicano por Kentucky), envió esta semana una carta al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., solicitando explicaciones sobre cómo se ha gestionado este proceso. Comer denuncia que durante meses la administración anterior no entregó los documentos requeridos por su comité y solo facilitó información ya disponible públicamente. Tras emitir citaciones oficiales para obtener los documentos pendientes, tampoco recibió respuesta suficiente antes del cambio presidencial.

En su carta, Comer pide una reunión informativa con personal del HHS para conocer el estado actual de las recomendaciones sobre alcohol en las guías alimentarias. Además solicita todos los documentos relacionados con la formación del subcomité del ICCPUD encargado de revisar el consumo de alcohol; actas y notas de sus reuniones; todos los borradores relativos al consumo de bebidas alcohólicas; y una lista completa del personal implicado en la redacción de estas recomendaciones.

Comer ha dado plazo hasta el 12 de mayo para recibir estos documentos. El Congreso busca así garantizar que las futuras guías alimentarias reflejen fielmente el consenso científico actual y no decisiones tomadas sin transparencia o fuera del procedimiento legal establecido. El resultado final tendrá repercusiones directas tanto en políticas públicas como en sectores económicos vinculados al consumo responsable de bebidas alcohólicas.