Torres se defiende: “podemos desmontar las acusaciones del Grupo San Jorge una a una”

A la espera de conocer oficialmente si verdaderamente existe o no la supuesta denuncia por fraude fiscal y mercantil interpuesta por el holding de importación de alimentos gourmet de Bolivia Grupo San Jorge a Bodegas Torres, desde el grupo vitivinícola catalán aseguran que las acusaciones pueden desmontarse una a una y en todos y cada uno de sus puntos y sugieren un impago de más de 600.000 euros, antes de la intermediación de la aseguradora CESCE, y la ruptura de relaciones entre ambas empresas como la razón de este ataque.

En una extensa declaración hecha pública a finales de agosto, el Grupo San Jorge lanzaba duras acusaciones a las bodegas Torres en las que hablaba de fraude en la calidad de vinos y brandis de Torres S.A., envejecimiento de forma incierta en sus brandis Torres 5 y Torres 10, así como utilización indebida de denominación de origen o indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegida ya que, según el escrito del Grupo San Jorge, los productos de Torres S.A no se elaboran con la uva que se indica en el etiquetado de sus vinos ni dentro de la comarca del Penedés.

La presidenta del grupo boliviano, Adma Inchausti, apoya su incriminación en un informe elaborado por el Laboratorio Excell Ibérica de La Rioja que aseguraba que Torres 5 y Torres 10 no han sido envejecidos en barricas de roble americano durante un año y tres meses, como exige la normativa legal. En el caso de los vinos, el dedo acusador se dirige hacia los vinos "Viña Sol", "Mas La Plana", "Milmanda", "Santa Digna" y "SauvignonBlanc", éste último producido por Miguel Torres Chile. Según el holding boliviano, Viña Sol no está elaborado 100% de parellada y la marca Mas la Plana no se produce con el 100% de la uva de Penedés, tal y como exige la DO. Estos productos supuestamente falsificados se comercializan no solo en Bolivia, si no en países como México, España, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, incurriendo en falsedad en el etiquetado, según las acusaciones de Adma Inchausti.

El laboratorio desmiente la información

Sin embargo, el gerente de los laboratorios que llevaron a cabo el informe, Antonio Palacios, ya ha salido a la palestra para matizar estas informaciones y aclarar que los datos que ha difundido la presidenta del Grupo San Jorge, Adma Inchausti "no se ajustan a la realidad".

Aunque Palacios no puede entrar a comentar los resultados de estos análisis puesto que son datos que entran dentro de la confidencialidad entre el laboratorio y su cliente, fue muy claro al afirmar que Bodegas Torres puede estar muy tranquila, ya que los resultados no se ajustan a las acusaciones vertidas por Inchausti.

Desde el Grupo Torres, por su parte, aseguran tajantemente que las afirmaciones contenidas en la documentación que está difundiendo Inchausti son totalmente falsas. Y van más allá, "es que las analíticas no pueden establecer el tiempo de envejecimiento, por lo que la acusación no se sostiene por ningún lado". "Vuelvo a insistir en que nosotros no hemos recibido comunicación oficial de la denuncia y que la información que se ha publicado poniendo en duda la calidad de nuestros brandis ha sido desmentida públicamente por el propio gerente de los Laboratorios Excell Ibércia al que se encargó el informe en el que se basa la supuesta denuncia", aseguran desde Torres.

Aunque desde el grupo catalán están esperando a tener notificación oficial de si efectivamente se ha abierto una causa para estudiar estas acusaciones, tienen ya muy claro a qué obedece este ataque: socavar su imagen y credibilidad como marca y empresa solvente.

Génesis de la denuncia

El conflicto entre ambos grupos arranca en marzo de 2012 cuando diversos contenedores de las bodegas Miguel Torres que contenían, entre otros, aceites de oliva de procedencia española, brandis y vinos producidos por el grupo empresarial Migue Torres y con certificado de origen emitidos por las autoridades españolas quedan bloqueados en el puerto de Arica (Chile), puerto de ingreso natural para Bolivia que carece de mar. El motivo de este bloqueo, según denuncia el Grupo San José, fue detectar tras una revisión física de los aceites que la fecha de expiración de los aceites caducaba en breve, por lo que las autoridades del servicio de control de Bolivia no permitieron su ingreso al país. Este hecho supuso para el grupo San Jorge graves pérdidas económicas y son el origen de buena parte de la deuda de más de 600.000 euros que la empresa boliviana mantiene con el grupo de Miguel Torres y cuya reclamación está en manos de su aseguradora, CESCE, tras la ruptura total de relaciones entre ambas.

"En septiembre de 2013 rompimos relaciones con Adma Inchausti ante las prácticas poco éticas y la falta de transparencia en sus relaciones. Tuvimos que tomar esta decisión, después de darle tiempo para abonar sus facturas y de 25 años de vinculación mercantil con este grupo, de la mano de su padre, que fue con quién establecimos la relación y que su hija ha destruido con prácticas poco claras", explican desde el Grupo Torres. A esta ruptura de relaciones se sumó la posterior vinculación del Grupo Torres con otra empresa para la venta de sus productos en Bolivia. El conflicto está servido. Ahora resta saber si se dirimirá finalmente en tribunales o el caso será desestimado por falta de pruebas.