El nuevo Gobierno deberá asumir un apartado propio para las reclamaciones del sector vitivinícola de Rioja

Rioja solicitará al nuevo Gobierno mejoras legales y mayor apoyo al sector

En la lista de 'deberes' que Mariano Rajoy deberá asumir cuando tome posesión hay un apartado propio para las reclamaciones del sector vitivinícola. El 'Rioja' y sus principales actores detallan los asuntos candentes que el nuevo departamento del ramo que se cree, tal y como prometió el líder del PP, deberá afrontar tanto en clave interna como en el marco de la UE.

El catálogo de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja enfatiza una mayor transparencia en el mercado interno de la DOC Rioja, donde todas las operaciones deberían realizarse obligatoriamente mediante contrato escrito.

El primer escalón apunta asimismo a un precio mínimo por encima de los costes de producción para la uva y el vino a granel de las cooperativas y de los cosecheros.

El control de la masa vegetal, un apoyo decidido a los jóvenes agricultores, la vinculación de las ayudas de promoción a países terceros con el pago de la uva/vino por encima de los costes de producción completa un listado completado por una cuestión fijar un frente común contra la liberación de plantaciones.

Evitar la abolición de los derechos de plantación tal y como plantea la nueva reforma de la PAC es uno de los caballos de batalla para ARAG-Asaja. Su presidente, Javier Rubio, reclama al futuro ministro de Agricultura preservar el modelo de equilibrio de 'Rioja', que pasa a su juicio por permitir publicar unos precios de referencia para la uva que garanticen la rentabilidad de los agricultores.

A todo ello suma el sindicato agrario la conveniencia de que el Ministerio mantenga las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo, así como los apoyos para la promoción inscritos en el marco de la Unión Europea.

La Unión de Pequeños Agricultores concentra en dos los 'deberes' que el futuro Gobierno central tiene principalmente sobre la mesa respecto al 'Rioja'.

Por un lado, la modificación legislativa en relación a la Comisión Nacional de Competencia que ahora mismo impide la fijación de precios mínimos. «Es fundamental poder negociar en un plano de igualdad y establecer un sistema de precios que cubra, al menos, los costes de producción», indica Tomás Latasa.

A ello añade una prórroga de los derechos de plantación para hacer frente a la liberalización prevista. Desde el sector bodeguero riojano, las peticiones al nuevo Gobierno remiten a reforzar la consideración del vino alimento, permitiendo así la promoción de su consumo en el ámbito de la UE.

Como coordinador de la Agrupación de Bodegas Centenarias y Tradicionales de Rioja (ABC), Íñigo Torres suma la necesidad de reformar la imagen del vino -«empezando por evitar fotos como la del presidente de España tomando cerveza en el Congreso»-, potenciar las ayudas para la promoción y exportación de vino como mercado clave para el futuro desarrollo del país, y una cuestión básica en clave interna: aportar seguridad jurídica a las actuaciones de la DOC promoviendo a través de una ley su reconocimiento como Corporación de Derecho Público que le permita ejercer como autoridad competente y realizar el control oficial.

También su conversión en Corporación de Derecho Público es uno de los 'deberes' que el Consejo Regular de la DOCa Rioja impone al nuevo Gobierno, a lo cual añade la puesta en valor del vino en la legislación española mediante su reafirmación como alimento.

El presidente del Consejo Regulador, Víctor Pascual, insta además al futuro Ministerio del ramo a apostar por un tratamiento fiscal del vino acorde con su condición de alimento -y su separación del resto de bebidas alcohólicas para evitar que en el futuro pueda quedar sujeto a gravámenes-, a lo cual agrega la promoción del consumo moderado, principalmente entre los jóvenes frente al «ineficaz prohibicionismo» de las campañas antialcohólicas.

Pascual completa este cuadro con dos aspectos medulares en la política europea del Gobierno español: su apoyo al mantenimiento del sistema de derechos de plantación en la UE impulsando en la negociación de la PAC una modificación legal al respecto y, por otro lado, abrir la cofinanciación comunitaria en materia de promoción al mercado interior de la Unión Europea.