Cuánto puede perder el enoturismo de Mendoza si no se cumple Escazú

El incumplimiento del Acuerdo de Escazú es una amenaza silenciosa para el vino y el enoturismo de Mendoza

La provincia de Mendoza se ha consolidado como una potencia del vino a nivel mundial y como uno de los destinos enoturísticos más reconocidos del planeta. Vinos de alta gama, bodegas abiertas al turismo y paisajes andinos icónicos han construido, durante décadas, una marca asociada a calidad, naturaleza y hospitalidad. Sin embargo, esa narrativa de "vino de montaña sustentable" enfrenta hoy un riesgo menos visible pero profundo: el incumplimiento —o la aplicación parcial— de los estándares del Acuerdo de Escazú.​

El Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina, obliga a garantizar acceso a la información ambiental, participación ciudadana y justicia en cuestiones ecológicas, además de la protección de personas defensoras del ambiente. En una provincia árida donde el agua de deshielo sostiene casi toda la agricultura, la población y el turismo, estos derechos no son una abstracción jurídica: son la base para decidir qué modelo de desarrollo es viable en el largo plazo.​

El incumplimiento o cumplimiento parcial de Escazú repercute directamente en los sectores que dependen del agua, el paisaje y la credibilidad como "territorio responsable". Entre ellos destacan la vitivinicultura y el enoturismo, junto con la agricultura de oasis, mientras que, en sentido inverso, se ven favorecidas actividades como la minería metalífera y el fracking, que avanzan con menores controles sociales y ambientales. Esta asimetría erosiona la confianza de inversores y mercados internacionales, cada vez más atentos a la coherencia —o la contradicción— entre políticas extractivas, crisis hídrica y discursos oficiales de sostenibilidad.​

La vitivinicultura es uno de los pilares de la economía mendocina: concentra buena parte de las exportaciones de la provincia y articula un complejo de servicios, empleo y turismo que derrama en toda la cadena de valor. El enoturismo, en particular, se ha consolidado como motor económico, generando trabajo local, impulsando infraestructura y diversificando la oferta turística con experiencias en bodegas, gastronomía de autor y turismo de naturaleza.​

La imagen de Mendoza como destino vitivinícola de excelencia, con vinos producidos en un entorno natural privilegiado, es un activo intangible pero determinante. Esa marca —vinos de altura, agua pura de deshielo, paisajes cordilleranos— es la que atrae a consumidores, inversores y turistas de alto gasto de todo el mundo. Cualquier señal de degradación ambiental, opacidad o conflicto en torno al agua y al territorio se traduce, tarde o temprano, en riesgo reputacional.​

En los últimos años, Mendoza ha vivido conflictos emblemáticos que revelan las brechas entre su modelo territorial y las exigencias de Escazú. Las protestas masivas contra la modificación de la Ley 7722 —que abrió la puerta a una minería más agresiva en el uso de sustancias químicas— y las movilizaciones frente al avance de la minería extractiva expusieron la percepción social de que las decisiones clave sobre agua y ambiente se toman sin información clara ni participación real.​

La actividad minera y el fracking generan preocupación por sus impactos potenciales: contaminación del agua, degradación del suelo, afectación de glaciares y ecosistemas frágiles, y cambio en el uso del territorio en cuencas ya tensionadas por la escasez hídrica. Investigaciones sobre fracking en el sur de Mendoza muestran que la protección del agua fue flexibilizada, que la evaluación de riesgos resultó insuficiente y que voces críticas —incluyendo organizaciones sociales y científicas— fueron deslegitimadas o criminalizadas.​

Avanzar con proyectos extractivos sin garantizar plenamente los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental implica alejarse de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Escazú. Esta brecha expone al sector extractivo a conflictos sociales crecientes, litigios judiciales, deterioro reputacional y eventuales obstáculos para nuevas inversiones. Y, de manera indirecta pero contundente, afecta también al vino y al enoturismo, que dependen de la estabilidad territorial y de una imagen amigable con el ambiente.​

El modelo de oasis irrigados concentra casi toda la agricultura y la población de Mendoza en un territorio mínimo, sostenido por ríos que dependen del deshielo de nieve y glaciares en un contexto de megasequía y cambio climático. En este escenario, agregar presiones extractivas intensivas en agua y con riesgo de contaminación, sin un marco robusto de transparencia y participación, agrava la vulnerabilidad de los medios de vida rurales y de las economías locales.​

Si las comunidades perciben que las decisiones sobre agua, minería extractiva, fracking o nuevas infraestructuras se toman de espaldas a la sociedad, la conflictividad aumenta, se deteriora la gobernanza hídrica y se resienten los acuerdos básicos que permiten gestionar un recurso escaso. Para el enoturismo, que vende experiencias basadas en paisajes, identidad y hospitalidad, estos conflictos se traducen en relatos de crisis que compiten con las campañas de promoción: cortes de ruta, marchas masivas, denuncias por contaminación y acusaciones de connivencia política con intereses extractivos.​

Los consumidores globales —especialmente en nichos de vinos premium y turismo de alta gama— son cada vez más sensibles al origen y modo de producción de lo que consumen. La percepción de que los vinos mendocinos se producen en un entorno en conflicto, con agua en disputa o bajo sospecha de contaminación, puede fomentar boicots, cambiar decisiones de compra y redirigir flujos turísticos hacia destinos percibidos como más coherentes con la agenda climática y ambiental.​

La contaminación del agua y del suelo, de materializarse, afectaría la calidad de las uvas y, por ende, de los vinos, comprometiendo directamente el corazón de la marca Mendoza. Pero incluso antes de ese escenario, la sola combinación de crisis hídrica, proyectos extractivos controvertidos y debilidades en la democracia ambiental ya es suficiente para encender alertas entre importadores, certificadoras, fondos de inversión y organismos multilaterales.​

Informes sectoriales muestran que Mendoza exporta una parte sustantiva de su producción y busca captar inversiones en vino, turismo y minería, mientras los mercados internacionales incorporan criterios ESG como filtro básico de riesgo. En este contexto, Escazú funciona como un estándar regional de buena gobernanza ambiental: un cumplimiento débil —con conflictos no resueltos, falta de transparencia y criminalización de opositores— aumenta el riesgo país subnacional y puede encarecer o limitar el acceso a financiamiento climático, verde y de impacto para la provincia y sus empresas.​

Invertir esta tendencia exige más que campañas de marketing verde. Requiere decisiones estructurales:

• Garantizar acceso a la información y participación real en todas las decisiones sobre agua, minería extractiva y fracking, con procedimientos claros, anticipados y vinculantes que generen confianza y reduzcan la conflictividad social.​
• Fortalecer la gestión sostenible del agua, con políticas que impulsen eficiencia, reutilización y prioridades claras para la vitivinicultura, las comunidades y los ecosistemas en un contexto de sequía prolongada.​
• Establecer estándares y controles ambientales rigurosos para la minería y el fracking, alineados con la ciencia climática y los límites hídricos, y garantizar que se cumplan de manera efectiva.​
• Impulsar certificaciones de vinos y destinos turísticos regenerativos, asociadas explícitamente al respeto de Escazú y de los derechos ambientales, como herramienta de diferenciación en mercados y de coherencia entre narrativa y práctica.​
• Comunicar de forma proactiva y verificable las acciones en sostenibilidad y responsabilidad social, evitando el greenwashing y abriendo espacios de diálogo con comunidades, pueblos originarios, científicos y organizaciones sociales.​

La vitivinicultura y el enoturismo son pilares de la economía mendocina, pero su continuidad depende de la capacidad de gestionar de manera sostenible los recursos naturales, biodiversidad y de resolver los conflictos socioambientales con más democracia ambiental, no con menos. Para la política, el desafío es comprender que la defensa del agua y la implementación plena de Escazú no son un freno al desarrollo, sino la única forma de sostener empleo, divisas y estabilidad en un territorio árido y altamente expuesto al cambio climático.​

Para el empresariado del vino y del turismo, la coherencia entre discurso de sostenibilidad y práctica territorial será la nueva licencia para exportar y atraer visitantes; sin transparencia, estándares exigentes y participación real, los mercados y turistas simplemente elegirán otros destinos. La academia y los profesionales, por su parte, tienen la responsabilidad de aportar evidencia independiente, alertar sobre incompatibilidades entre extractivismo, seguridad hídrica y clima, y traducir ese conocimiento en herramientas útiles para la sociedad.​

Mendoza ya demostró que puede liderar el enoturismo mundial; ahora debe decidir si quiere ser también referente en democracia ambiental en tiempos de crisis climática. Porque sin información, sin participación y sin justicia ambiental, no solo se pierde agua: se pierde confianza, se pierde prestigio y, finalmente, se pierde economía.

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