La FEV prevé que la producción de vino podría caer a 31 millones de hectolitros en 2025

La Comisión Ejecutiva de la Federación Española del Vino (FEV) se ha reunido esta semana en Sant Sadurní d’Anoia para analizar el desarrollo de la nueva campaña vitivinícola. Según los datos presentados, la vendimia ya está generalizada en buena parte del país y se caracteriza por ser más corta de lo habitual, aunque con una calidad elevada y un adelanto en el calendario respecto a años anteriores.

La FEV prevé que la producción de vino y mosto se sitúe entre un 10% y un 15% por debajo de la campaña anterior, que cerró con 36,8 millones de hectolitros. Esto supone una previsión de entre 31,28 y 33,12 millones de hectolitros para este año. La cifra queda lejos de los 40 millones alcanzados en campañas como las de 2021 o 2022. Sin embargo, la federación subraya que estas cifras varían mucho según las regiones. En algunas zonas, las caídas pueden llegar al 40% o incluso al 50%, debido a olas de calor, sequías o enfermedades como el mildiu.

La Comisión Ejecutiva ha recordado que la actividad vitivinícola depende directamente de la climatología. Por ello, considera necesario aplicar medidas para adaptarse a los efectos del cambio climático y así asegurar tanto la producción como la sostenibilidad futura del sector.

En relación a las críticas lanzadas por organizaciones agrarias sobre la cadena alimentaria y los precios, la FEV ha respondido que sus bodegas asociadas cumplen con la Ley de la Cadena Agroalimentaria. Este año, el descenso en la producción está provocando subidas notables en el precio de la uva. El objetivo es cubrir el coste efectivo de producción y compensar los bajos rendimientos que sufren algunos viticultores. El aumento del precio de la materia prima repercute también en el resto de la cadena de valor del sector.

La FEV ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) flexibilidad y reflexión sobre algunos puntos de la Ley de la Cadena Agroalimentaria. Explica que resulta muy difícil prever contractualmente situaciones imprevistas como la escasez actual en ciertas zonas. La normativa no permite modificar al alza el precio pactado una vez entregada la uva, momento en el que realmente se conoce el alcance real de la merma en producción. Esta situación puede perjudicar tanto a las bodegas, que podrían incumplir involuntariamente la norma al no cubrir el coste efectivo con el precio acordado previamente, como a los viticultores, que recibirían menos dinero del que el comprador estaría dispuesto a pagar tras conocer el volumen final entregado.

La federación insiste en que es necesario adaptar las normas a las circunstancias reales del sector para evitar perjuicios tanto para productores como para bodegas.