Lunes 18 de Septiembre de 2023
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El sector vitivinícola español se encuentra en medio de un debate sobre el precio de la uva, que ha llevado a varias organizaciones agrarias a denunciar posibles irregularidades en la ley de la cadena alimentaria. Estas denuncias han generado tensiones entre los productores de uva y las bodegas, mientras que el organismo encargado de vigilar la ley se encuentra en proceso de revisar la situación.
Organizaciones agrarias como COAG, UPA, Unión de Uniones y Unió Llauradora han emitido comunicados desde diversas regiones de España, entre ellas La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. En estos comunicados, se denuncian presuntas irregularidades por parte de algunas bodegas que adquieren uva a precios inferiores al coste de producción.
Algunas de estas organizaciones han informado que ya han contactado con la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) solicitando "actuaciones urgentes". En otros casos, las organizaciones están analizando los contratos de compraventa firmados para identificar posibles infracciones.
La Federación Española del Vino (FEV) ha expresado su preocupación sobre estas acusaciones. Afirman que es desfavorable que cada temporada se susciten dudas sobre el sector vitivinícola, aportando una imagen negativa. Según José Luis Benítez, director general de la FEV, aunque puede haber "casos puntuales" de incumplimiento, la gran mayoría de las bodegas cumplen con la ley.
Benítez insta a los viticultores a denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades correspondientes y la AICA. Añadió que no es necesario generar alarma en la opinión pública con declaraciones que pintan a todas las bodegas como infractoras.
Adicionalmente, el director general aclaró que la ley estipula que cada agricultor debe calcular su propio coste efectivo de producción. En este contexto, propuso que los viticultores utilicen una herramienta creada por la Interprofesional del Vino de España (OIVE), diseñada para ayudar a cada productor a estimar sus costes.
Benítez recuerda que es mandatorio tener un contrato de compraventa en el que se detalla el precio. Esto asegura que el vendedor conozca el monto que recibirá antes de entregar su cosecha. El representante de la FEV también aboga por contratos a largo plazo, que ofrecerían estabilidad y certeza en la producción.
En cuanto a la cosecha de este año, se espera un rendimiento de entre 36 y 37 millones de hectolitros, un decremento de entre un 15% y un 20% en comparación con años normales. A pesar de que hay una disminución significativa en la producción general, algunas áreas, como Rías Baixas o Jerez, han reportado una mayor cantidad de uva.
Benítez indica que una cosecha baja siempre representa desafíos, incluso cuando hay exceso de vino en ciertas regiones. Esta situación puede resultar en destilaciones de crisis y vendimias en verde, evitando la sobrecarga en las bodegas. En general, se busca una cosecha regular que permita una adecuada selección de calidades.
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