Miércoles 13 de Septiembre de 2023
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Las reconocidas empresas vitivinícolas Félix Solís y García Carrión enfrentan acusaciones de presunto incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. La organización Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se ha hecho eco de las crecientes quejas de los viticultores y ha emprendido acciones para denunciar a estas empresas ante la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios).
Las quejas centrales se basan en los precios que estas bodegas están pagando a los viticultores por la uva. Según datos presentados por la Unión de Uniones, los costes medios de producción, particularmente en Castilla-La Mancha, una de las principales regiones productoras de España, fluctúan entre los 0,21 €/kg y 0,46 € para la variedad airén, dependiendo de distintos factores como el tipo de cultivo o su adhesión a una Denominación de Origen (DO). Para la variedad tempranillo, los costes podrían oscilar entre los 0,30 €/kg y 0,54 €/kg.
Lo alarmante, según la organización, es que los precios que Félix Solís y García Carrión están ofreciendo a los productores son considerablemente más bajos, en algunos casos hasta la mitad o menos de estos costes. Esto ha despertado el descontento entre los viticultores, quienes denuncian que pese a haber tenido una reducción en la cosecha, el precio de la uva ha descendido en comparación con el año anterior, lo que no permite cubrir ni los costes de vendimia.
Para abordar esta situación, la Unión de Uniones ha iniciado encuentros con viticultores de las principales zonas productoras con el objetivo de reunir pruebas que demuestren posibles violaciones a la Ley. Además, la organización se ha puesto a disposición de aquellos productores que creen estar percibiendo un precio injusto por su producto, animándolos a presentar sus pruebas y denuncias.
Aunque esta movilización ha comenzado con determinación, la organización reconoce que los viticultores enfrentan desafíos, principalmente porque están en una posición vulnerable ante grandes bodegas que podrían tomar represalias.
La Unión de Uniones también hace referencia al Registro de Contratos Agrarios, implementado por el Ministerio de Agricultura desde junio. La entidad sugiere que, a través de este registro y las bases estadísticas sobre los costes de producción, el Ministerio tiene herramientas suficientes para monitorizar y sancionar a quienes no cumplan con la Ley de la Cadena Alimentaria.
Además, la organización expresó su descontento con el actual Ministro de Agricultura, Luís Planas, por presuntamente haber ignorado las necesidades de los viticultores en las ayudas directas, a pesar de las adversidades que enfrentan como la sequía y el incremento en los costes productivos.
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