La democracia hondureña, cercada por la fuerza

El 28 de octubre de 2025 marcó un punto de quiebre en la frágil institucionalidad hondureña. Por primera vez desde el retorno democrático, la Policía Nacional, bajo órdenes del Poder Ejecutivo, impidió el ingreso de diputados de oposición al Congreso Nacional, bloqueando físicamente el funcionamiento del Parlamento. El hecho, calificado por observadores y analistas como un grave atentado a la independencia de poderes, ocurre a pocas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Según denunció la Coalición Patriótica de Honduras —movimiento cívico que respalda al Partido Liberal y al liderazgo de Salvador Nasralla—, el operativo policial fue ordenado directamente por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), fundado por su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.

Ante el cerco, los diputados decidieron sesionar en plena vía pública, rodeados por ciudadanos y medios de prensa. Desde allí aprobaron una prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 20 de enero de 2026, buscando evitar un vacío de poder y garantizar la continuidad institucional en el período electoral.

Esa decisión, considerada excepcional pero necesaria, evitó un escenario de control absoluto por parte del oficialismo. De no haberse celebrado esa sesión el 28 de octubre, el Congreso habría cerrado automáticamente el 31 de octubre, y con ello habría entrado en funciones una Comisión Permanente dominada por el partido LIBRE, con poder para manejar la agenda legislativa y decidir sobre temas claves —como la elección de autoridades o la aprobación de leyes— sin el debate ni el voto de los 128 diputados electos.

En ese escenario, el oficialismo habría concentrado un poder enorme, debilitando la representación parlamentaria y dejando a la oposición sin voz. "Lo ocurrido en Tegucigalpa no es un hecho menor: es el síntoma de una democracia que empieza a ser gobernada por el miedo y no por las leyes", señaló el consultor político internacional Juan Carlos Jara.

La Coalición Patriótica por Honduras calificó la acción policial como "una intervención autoritaria contra el corazón de la democracia" y advirtió que el país se encuentra "en la encrucijada entre reafirmar el Estado de Derecho o caer en la arbitrariedad."

El movimiento pidió la intervención de la Unión Europea, la OEA y Naciones Unidas para garantizar la independencia judicial y el desarrollo transparente del proceso electoral. "Honduras necesita equilibrio y transparencia, no coerción ni censura. El silencio internacional sería complicidad", sostuvo la organización.

La Coalición instó además a la comunidad internacional a seguir con atención este pulso político, pues refleja una crisis institucional que puede definir el rumbo democrático del país y marcar un precedente para toda la región.

El 28 de octubre quedará como una fecha simbólica: diputados legislando en la calle mientras el poder político levantaba vallas frente a la representación popular. Un episodio que, más allá de las fronteras hondureñas, interpela a toda democracia que crea que la fuerza puede reemplazar al diálogo.