La nueva Ley de la cadena alimentaria prohibirá prácticas comerciales

El anteproyecto de Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria prohibirá prácticas comerciales como la modificación unilateral de los contratos y la exigencia de pagos comerciales no previstos, limitará el suministro de información comercial a la distribución y sancionará a los incumplidores.

Según ha indicado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el caso de que se vulneren las regulaciones establecidas para las prácticas comerciales en este Anteproyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se prevé "un régimen de sanciones".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que en el sector agroalimentario hay grandes desequilibrios en las relaciones comerciales entre los distintos operadores, asimetrías que afectan al poder de negociación de las partes, que no existe transparencia a la hora de ajustar los precios y hay prácticas muy negativas que afectan a la competencia.

Saénz de Santamaría ha añadido que el objetivo de este anteproyecto es conseguir un mayor equilibrio entre las partes que beneficie a los productores, especialmente a los pequeños, y una mayor transparencia en las relaciones comerciales que beneficiará a los consumidores.

Ha subrayado que este anteproyecto y el referido a la integración de las cooperativas forman parte de una reforma estructural muy importante para el sector agroalimentario, para favorecer la posición de los pequeños productores y su posición respecto a la internacionalización.

Según ha señalado, el sector agroalimentario, junto con el de bienes de equipo, es el que más ha incrementado este año sus exportaciones, y hasta agosto han crecido un 12 % respecto a 2011.

El anteproyecto tiene su origen en la necesidad de equilibrar las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio del sector y consumidores, según ha apuntado Arias Cañete.

El ministro ha hecho referencia a que en España hay 989.787 explotaciones productoras, 29.334 empresas industriales y una concentración de la distribución que implica que los cinco primeros operadores concentren el 40,3 % del mercado en valor del total alimentación.

En este sentido, ha subrayado que el objetivo es "llegar a una concentración de la oferta similar a la de los países avanzados con los que competimos en el mundo global".

Ha explicado que en este anteproyecto se ha optado por un modelo mixto que incorpora sistemas de regulación, autoregulación y control.

La regulación implica, entre otras medidas, la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios y de incorporar unos elementos esenciales (identificación de las partes, objeto, condiciones de pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, duración y causas de la extinción), que estarán pactados libremente por las partes.

El anteproyecto prohibirá que se realicen modificaciones unilaterales de los contratos, así como los pagos comerciales no previstos, ya que "era frecuente que los proveedores se encontraran con que entregaban un producto y que, al final de la campaña, se aplicaban distintos descuentos".

En este sentido, Arias Cañete ha apuntado que este anteproyecto es una reforma sustancial sobre la situación actual, ya que "el agricultor conocerá el retorno económico que tendrá, no habrá sorpresas por el camino y no se producirán descuentos ni promociones, y además se regularán las subastas electrónicas que distorsionan las formaciones de precios".

El anteproyecto se someterá a consulta pública antes de pasar a su trámite parlamentario.

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el anteproyecto prevé regular -en relación a la gestión de marcas- el suministro de información comercial sensible que la industria tiene que dar a conocer a la distribución, como cuando se produce un lanzamiento de producto.

De esta forma, no se podrá exigir a otro operador información sobre sus productos, más allá de la que esté justificada en el contexto de su relación comercial y sólo podrá usarla para esos fines.

En este sentido, prohíbe "el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador".

Ha añadido que la gestión de marcas deberá realizarse con arreglo a criterios de "transparencia, equidad y no discriminación, evitando prácticas que alteren la libre y leal competencia entre marcas".

En el ámbito de la autorregulación se establece un código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de los conflictos.

Supondrá la creación de un registro estatal de los operadores adheridos y estos podrán, además, suscribir otros códigos de buenas prácticas mercantiles.

En materia de control, se establece por primera vez un régimen sancionador en el que se tipifican las infracciones y las sanciones (el Ministerio tendrá esta potestad sancionadora).

Se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que sustituye al Observatorio de precios de los alimentos, con el objetivo de que vele por el buen funcionamiento de la cadena y que, entre sus funciones, estará informar de la propuesta del Código de Buenas Prácticas Mercantiles y promover su adhesión entre los operadores.

Según Arias Cañete, será "un marchamo" que identificará a aquellas empresas que se comprometen a un tratamiento más equilibrado con el resto de integrantes de la cadena alimentaria.

El anteproyecto, además, incluye medidas para el fomento de la integración y para mejorar la competitividad de los operadores, y modificará las leyes que regulan las interprofesionales agrarias y los contratos-tipo.