Redacción
Domingo 19 de Junio de 2011
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La obesidad infantil, una enfermedad crónica de origen multifactorial, ha pasado en los últimos años a convertirse en un problema sanitario de primer orden. Las cifras son realmente alarmantes, ya que uno de cada cuatro niños españoles son considerados como obesos.
La nueva Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición aprobada esta semana hace especial hincapié en estas cuestiones, centrándose en regular los alimentos y bebidas que se pueden vender en colegios e institutos.
En este sentido, la bollería industrial, golosinas, snacks, refrescos o bebidas estimulantes quedan totalmente relegados de las escuelas, quedando prohibida su venta y distribución.
Con la nueva Ley también se restringe la venta de alimentos y bebidas con un alto nivel de ácidos grasos saturados, sales y azúcares. Una lista de índices y productos prohibidos que se definirá a través del Reglamento que desarrolle esta Ley, presumiblemente siguiendo el acuerdo al que llegaron las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en julio del pasado año.
Con este nuevo texto legislativo se pretende, tal y como se recoge en su preámbulo, "consolidar la confianza de los consumidores en la seguridad de los productos alimenticios que consumen", así como cubrir "la gran demanda social para que estas cuestiones se regulen adecuadamente y en consonancia con los acelerados cambios técnicos, económicos y sociales que están teniendo lugar".
"Nunca hasta ahora -indica la nueva Ley y destacan desde los servicios de comunicación del Congreso- se ha tenido tal conocimiento de la relación entre alimentación y salud, ni se han generado tantas situaciones de incertidumbre científica ni se ha demandado por parte de la ciudadanía una intervención administrativa tan importante para garantizar la gestión de los riesgos".
Así, esta norma parte de la idea de que la protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria de mujeres y hombres requiere de un enfoque integral que contemple los riesgos asociados a la alimentación desde la granja a la mesa, y que considere todas las perspectivas posibles.
El nuevo texto atiende a las perspectivas clásicas de la seguridad alimentaria, como son la detección y eliminación de riesgos físicos, químicos, y biológicos, desde un nuevo enfoque anticipatorio que se fundamenta jurídicamente en el principio de precaución.
Además, tiene en consideración otras perspectivas de la de la seguridad alimentaria que incide en los derechos de los ciudadanos, como son la existencia de riesgos sociales, de integración, discriminación y género, que deben ser eliminados.
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