Ecuador impone un arancel del 25% a los licores importados

Ecuador añadió una salvaguardia arancelaria del 25% a los licores importados, con entrada en vigor el 11 de marzo de 2015, y sumó así una segunda presión fiscal sobre un mercado que ya arrastraba subidas por el cambio aplicado en enero de ese mismo año en el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Para importadores, distribuidores y comercios, la combinación de ambos gravámenes apuntaba a una nueva subida de precios al consumidor y a una revisión de márgenes y pedidos.

La nueva tasa se aplica sobre el arancel que ya pagaban esos productos al entrar en el país. En la práctica, añade una sobretasa a bebidas que dependen de la importación o de insumos del exterior. El objetivo del Gobierno era reducir compras fuera del país para evitar la salida de divisas y proteger la economía nacional.

La medida alcanzaba a un grupo amplio de referencias. En la relación figuraban vino espumoso, cerveza de malta, vodka, cremas de licor, aguardiente, pisco, extractos para producir brandy, whisky, vino, ron, gin y ginebra, además de mosto de uva para producir vino, entre otros artículos. El alcance del listado situaba el impacto no solo en las tiendas especializadas, sino también en supermercados, hostelería y distribuidores que trabajan con bebidas importadas.

El sector ya venía de otra modificación tributaria. Desde enero de 2015, una reforma cambió la fórmula con la que se calculaba el ICE. La Asociación de Licoreros sostenía que ese ajuste, por sí solo, podía elevar el precio de algunos productos hasta un 400%. Su presidente, Felipe Cordovez, calificó ese efecto de inmanejable para parte del negocio y advirtió de que la nueva salvaguardia añadía más presión sobre un mercado ya tensionado.

Cordovez puso un ejemplo con un vino chileno en cartón de un litro. Afirmó que en marzo de 2015 ese producto costaba alrededor de USD 6 y que, solo con el nuevo sistema de cálculo del ICE, podía pasar a unos USD 25, sin contar todavía la salvaguardia arancelaria. Esa referencia ilustra el alcance que el sector atribuía al cambio tributario: el problema no se limitaba a bebidas de alta gama, sino también a productos de consumo más extendido.

La diferencia de precios con países vecinos ya era amplia antes de esta nueva decisión. Hasta septiembre de 2014, una botella de whisky costaba entre USD 30 y 35 en Colombia, mientras que en Ecuador rondaba los USD 75, de acuerdo con los datos citados por el sector. Esa brecha se vinculaba a la acumulación de medidas arancelarias y tributos fijados por el Gobierno desde 2009. La nueva sobretasa del 25% amenazaba con ampliar aún más esa distancia.

Los incrementos todavía no se notaban por completo en los puntos de venta en esos primeros días de marzo de 2015. El motivo, según el propio sector, era doble. Por un lado, los importadores seguían vendiendo existencias almacenadas en bodega. Por otro, el cálculo planteado por el Servicio de Rentas Internas mantenía dudas operativas y las empresas continuaban con consultas para aclarar cómo aplicar la nueva fórmula.

La preocupación del gremio no se limitaba al precio final. Cordovez explicó que algunas empresas ya habían empezado a cursar nuevos pedidos al exterior y que la suma del ICE revisado y la salvaguardia podía hacer inviables ciertas operaciones. También advirtió de cierres en parte del sector si las condiciones no cambiaban. Días antes, representantes empresariales habían trasladado esa inquietud a autoridades del Gobierno, que, según relató el dirigente, se mostraron dispuestas a revisar la situación.

Para el negocio de las bebidas alcohólicas, el efecto potencial iba más allá del lineal. Una sobretasa de este tamaño puede reducir la variedad de la oferta importada, alterar el margen de importadores y distribuidores y cambiar decisiones de compra en bares, restaurantes y tiendas. También puede empujar a algunos operadores a sustituir marcas o categorías y a retrasar pedidos mientras se recalculan precios.

El gremio añadió otro riesgo: un mayor incentivo al contrabando. Si la distancia de precios entre Ecuador y sus vecinos se amplía, la entrada irregular de mercancía gana atractivo económico. El Gobierno respondió con un plan de control anunciado por el ministro Coordinador de la Producción, Richard Espinosa. El 8 de marzo de 2015, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador informó de que esa estrategia ya había empezado.

La unidad prevista por el Ejecutivo debía operar tanto en el interior del país como en las fronteras y contaría con incentivos económicos. Espinosa explicó que, de cada contenedor que entrara sin la documentación en regla, la mitad se destinaría a un programa de incentivos. De ese monto, el 50% iría a la unidad que realizara el operativo, el 25% a la unidad de apoyo y el resto serviría para crear un fondo de recompensas para personas que aportaran información fiable sobre mercancía de contrabando.

Ese programa de recompensas se aplicaba a todos los productos, con una excepción en el tratamiento de licores y alimentos. Esas mercancías no podían salir a remate y debían ser incineradas, aunque también se preveía una compensación económica. Con esa fórmula, el Ejecutivo intentaba frenar un posible desvío de la demanda hacia el mercado ilegal, precisamente en un momento en el que el nuevo arancel y el cambio en el ICE amenazaban con encarecer buena parte de la oferta importada.