Jueves 14 de Mayo de 2026
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El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha anulado los aranceles globales del 10% aprobados por la Administración Trump al amparo de la Section 122 de la Trade Act de 1974, al considerar que esa norma no autorizaba su aplicación en los términos en que fueron impuestos. La decisión, adoptada el 7 de mayo en una resolución dividida de 2 a 1, afecta a una medida que gravaba casi todas las importaciones procedentes de casi todos los países durante un periodo temporal de 150 días.
El Gobierno estadounidense recurrió la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que el 12 de mayo acordó suspender de forma administrativa la ejecución del fallo mientras estudia el caso. Esa decisión mantiene por ahora en vigor la recaudación del arancel mientras avanza la apelación.
La resolución judicial responde a dos demandas acumuladas, una presentada por empresas importadoras y otra por varios estados. Los demandantes sostenían que la Casa Blanca había usado una base legal pensada para situaciones concretas de desequilibrio exterior y no para imponer una sobretasa generalizada sobre las importaciones. El tribunal dio la razón a los importadores que sí acreditaron un perjuicio directo y rechazó parte de las reclamaciones de los estados por falta de legitimación.
Para el sector del vino, la decisión tiene interés porque cualquier arancel general sobre las importaciones puede alterar precios, márgenes y contratos en origen y destino. Si la medida se mantiene durante la apelación, los operadores seguirán pagando ese recargo. Si cae de forma definitiva, quedará abierta la discusión sobre posibles devoluciones, aunque por ahora el tribunal no ha fijado un sistema general para todos los importadores.
La sentencia no cierra el litigio. El tribunal comercial dejó claro que el proceso sigue abierto y que será la apelación la que determine si el Ejecutivo puede seguir cobrando esos derechos mientras dure el procedimiento y si los importadores tendrán derecho a recuperar lo abonado. En caso de una resolución firme favorable a los demandantes, solo las partes personadas tendrían acceso automático a esas devoluciones, salvo que se articule un mecanismo más amplio con Aduanas y Protección Fronteriza.
El caso se suma a otras vías legales usadas por Washington para sostener su política comercial. Entre ellas figuran las medidas adoptadas bajo las secciones 232 y 301, que siguen activas y permiten imponer gravámenes tras investigaciones previas. Para bodegas, distribuidores e importadores europeos, el movimiento judicial añade otra capa de incertidumbre en un mercado ya sometido a cambios frecuentes en tarifas y condiciones de entrada en Estados Unidos.
La sentencia también tiene lectura política. La Administración Trump intentó usar la Section 122 después de que el Tribunal Supremo tumbara otros aranceles basados en otra norma federal. El fallo del Tribunal de Comercio Internacional limita esa vía, pero no elimina otras herramientas legales que el Gobierno puede seguir empleando para su agenda comercial.
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