Francia acelera una ley agrícola marcada por el choque sobre pesticidas e importaciones

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha pedido a los diputados un “trabajo serio de compromiso” para sacar adelante con rapidez el proyecto de ley de urgencia agrícola, un texto que el Gobierno quiere llevar al pleno de la Asamblea Nacional a partir del 19 de mayo. La iniciativa llega en un momento de tensión política por varias medidas que afectan a pesticidas, importaciones, agua, ganadería y restauración colectiva.

La comisión de Asuntos Económicos aprobó el miércoles 6 de mayo el proyecto, que después pasará al Senado. Lecornu envió una carta abierta a los agricultores en la que reclama a los parlamentarios que no bloqueen el texto y que separen los asuntos más conflictivos para tratarlos en futuras proposiciones de ley. Entre ellos figura la posible reintroducción de algunos pesticidas de la familia de los neonicotinoides, un asunto que ya ha generado choques entre grupos políticos.

El jefe del Ejecutivo sostiene que no conviene “bloquear y tomar como rehén” el conjunto de medidas urgentes incluidas en la ley. Su mensaje apunta a evitar que la discusión sobre una sola cuestión frene el resto del paquete legislativo. Esa posición ha irritado a parte de la oposición y también a algunos ponentes del texto.

Julien Dive, diputado de Droite républicaine y uno de los ponentes, reprochó al primer ministro que no dé instrucciones sobre el trabajo legislativo. También afirmó que habría sido más coherente incluir desde el inicio las distorsiones de competencia entre productores franceses y extranjeros en materia de fitosanitarios. Por su parte, Hélène Laporte, diputada del Rassemblement national, lamentó que una enmienda para reintroducir el acetamiprid fuera declarada inadmisible.

El proyecto de ley prevé permitir al Gobierno impedir la entrada en Francia de productos alimentarios con residuos de pesticidas prohibidos en la Unión Europea. El objetivo declarado es limitar las importaciones que puedan perjudicar a los productores franceses. Sin embargo, durante el examen en comisión se aprobaron enmiendas del Rassemblement national, La France insoumise y Les Écologistes que suprimen la condición que limitaba esas prohibiciones a los casos con “riesgo serio para la salud humana o animal”.

Según Dive, ese cambio podría dejar sin efecto el artículo por su posible choque con el derecho europeo. El debate jurídico se suma así al político, en un texto que busca responder a las protestas agrarias del invierno pasado y que todavía puede sufrir cambios importantes en el hemiciclo.

Otro punto sensible es el régimen especial para las explotaciones ganaderas. El Gobierno quiere habilitarse para legislar por ordenanza y crear un sistema específico de autorización ambiental para edificios de ganadería. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, explicó que la intención es elevar el umbral a partir del cual se exige un procedimiento administrativo muy pesado. La izquierda ve en esa medida una vía para favorecer la ganadería intensiva.

La parte dedicada al agua también ha generado debate. La comisión competente validó la supresión de la obligación de celebrar una reunión pública para autorizar proyectos de almacenamiento de agua, con el fin de facilitar su puesta en marcha. En cambio, se eliminaron dos artículos sobre zonas húmedas y captaciones de agua, aunque podrían volver a incorporarse durante el debate parlamentario.

El texto incluye además un apartado penal. Prevê una agravante para los robos cometidos dentro de explotaciones agrícolas, como carburante o maquinaria, y un cambio aprobado amplía esa agravante a las degradaciones. También busca limitar los recursos abusivos contra proyectos agrícolas y permitir al promotor reclamar daños y perjuicios si es atacado judicialmente.

En paralelo, los diputados dedicaron varias horas a un artículo sobre la calidad alimentaria en la restauración colectiva. La medida prohíbe compras fuera de la Unión Europea salvo cuando no existan productos disponibles. Además, se aprobaron enmiendas idénticas presentadas por la coalición gubernamental y por la extrema derecha para tener en cuenta el origen del ingrediente principal en productos transformados fabricados en la UE. El ponente expresó reservas por posibles problemas con el derecho europeo.

Lecornu cerró su carta insistiendo en que el Gobierno quiere dar respuestas concretas, fijar reglas claras y ofrecer visibilidad al sector agrícola. El examen del texto en la Asamblea dirá si esa llamada al acuerdo encuentra apoyo suficiente entre los grupos parlamentarios o si las divisiones retrasan una ley pensada para aliviar la presión sobre el campo francés.