Bodegas de Toro en el punto de mira

La Alianza UPA-COAG ha elevado sus inquietudes ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) debido a presuntas transgresiones cometidas por ciertas bodegas que forman parte de la Denominación de Origen Toro. Estas irregularidades consisten en ofrecer precios a los productores notablemente inferiores a los de la temporada pasada, con disminuciones que, dependiendo del tipo de uva, llegan hasta el 33 por ciento de lo que se ofreció en 2022. La preocupación principal radica en el hecho de que dichos precios están por debajo de los costos experimentados por los productores, a pesar de que estos han visto incrementados sus gastos.

La Ley 12/2013 es categórica en su artículo 9.c) al mencionar que el precio estipulado en los contratos alimentarios debe superar los costes totales en los que incurre el productor. Estos costos incluyen, entre otros, gastos por semillas, fertilizantes, combustibles, maquinaria y trabajo contratado.

Un estudio publicado el año anterior por la Universidad de Valladolid expuso los costos de producción de la uva en determinadas Denominaciones de Origen, arrojando cifras que oscilan entre 3.900,23 euros/ha y 3.265,90 euros/ha. Es relevante señalar que una bodega influyente de la DO Toro, que frecuentemente establece el estándar de precios, ha ofrecido 0,20€ por uva de las variedades "malvasía" y "garnacha", y para la "tinta de Toro" los precios oscilan entre 0,37€ y 0,58€, dependiendo de la categorización y antigüedad del viñedo.

Contrastando con las cifras de la campaña 2022, se evidencia una notable reducción en los precios, lo que hace cuestionar la sostenibilidad financiera para los productores, sobre todo teniendo en cuenta que los gastos estimados son a valores del año anterior y que estos han crecido, sobre todo en rubros como personal, energía y tratamientos.

Desde la UPA-COAG, se cuestiona la falta de justificaciones objetivas para esta disminución de precios y se insinúa un posible afán especulativo por parte de ciertas bodegas. Esta postura económica pone en riesgo la estabilidad de una actividad productiva e industrial vital para extensas áreas de la comunidad. En consonancia, se hace un llamado a la AICA para intervenir y regular dichas prácticas y se insta a las bodegas a adoptar un compromiso serio con el sector, buscando garantizar la rentabilidad y la supervivencia de las explotaciones vitícolas mediante la remuneración justa.