Madrid
Jueves 29 de Noviembre de 2012
De aprobarse este planteamiento, según recoge la organización agraria en una nota, el viticultor quedaría "en manos de unos y otros" pero, sobre todo, permitiría la producción "indiscriminada" que quebraría la regulación efectiva actual entre oferta y demanda.
APAG-Extremadura-Asaja ha recordado que el ejecutivo comunitario acordó en su día un nuevo mecanismo de regulación de derechos gestionados a través de entidades ajenas a la Administración pública que, a su juicio, rompería con el eficiente sistema vigente que ha permitido el sostenimiento de las zonas vitícolas extremeñas.
El desmantelamiento de este sistema, ha añadido, pondría en serio peligro la viabilidad de una gran mayoría de las explotaciones extremeñas y tendría unas consecuencias dramáticas para el equilibrio entre oferta y demanda del vino y los precios de la uva.
La organización ha explicado que, a finales de este año, el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea tiene previsto emitir un dictamen favorable o no sobre este asunto que, aunque no es vinculante, sí puede ser decisivo para la aprobación de la liberación del viñedo a partir del 1 de enero del 2016.
Si bien, ha precisado que existe la posibilidad de prolongar por parte de los estados miembros la situación actual hasta finales del 2018, razón por la que considera "imprescindible" que se presione por todos los medios para que la propuesta no salga adelante.
Así, ha confiado en que el Gobierno de Extremadura, que ya ha realizado gestiones en Bruselas, y el Ministerio de Agricultura pongan "todo su empeño para defender el actual modelo porque da la impresión de que se está dejando pasar el tiempo y no se está haciendo lo suficiente para luchar al máximo por los viticultores".