Unión de Uniones pide un plan urgente de arranque de viñedo con criterios sociales

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reclamado este viernes, 12 de junio, la puesta en marcha urgente de un plan de arranque definitivo de viñedo con criterios sociales. La organización trasladó esta petición en una reunión sectorial del vino celebrada este jueves y sostiene que la medida debe servir para acordar tanto las condiciones de admisibilidad como los criterios de prioridad para ajustar la superficie de viñedo.

La organización agraria considera que este plan forma parte de las medidas necesarias para aliviar la crisis que atraviesa el sector desde hace años y que, a su juicio, está afectando de forma especial a los productores. Unión de Uniones advierte de que el sector no puede esperar a que las distintas administraciones desplieguen todo el desarrollo derivado del llamado Paquete vino en lo relativo al apoyo financiero que, en su opinión, debería garantizar la continuidad de muchas explotaciones vitícolas en crisis.

Según plantea la organización, si la entrada en vigor de la reglamentación comunitaria necesaria se retrasa al mes de julio de 2026, si las comunidades autónomas no han realizado una prospección de las superficies que podrían verse afectadas por este arranque y si la próxima cosecha eleva el volumen disponible de vino y mosto a niveles altos, la presión sobre el mercado seguirá aumentando. En ese escenario, añade, los precios de la uva y del vino en origen continuarían con descensos generalizados y muchas explotaciones quedarían en una situación de serio riesgo.

Unión de Uniones sostiene además que la ficha financiera de la Intervención Sectorial Vitivinícola, dotada con 202,14 millones de euros, debe reservarse para los viticultores y otros agentes que quieran seguir en la actividad vitivinícola. La organización diferencia así entre las ayudas para quienes opten por abandonar superficie y los fondos que, a su entender, deben sostener a quienes pretenden mantener sus explotaciones y su actividad en el sector.

En su valoración de la situación, la organización compara la respuesta española con la adoptada en Francia. En palabras de Unión de Uniones, el país vecino ha puesto sobre la mesa 250 millones de euros en dos años, 2025 y 2026, para el arranque de alrededor de 60.000 hectáreas con fondos estatales, además de 40 millones de euros para destilación de crisis procedentes de la reserva de crisis comunitaria. Frente a ello, critica que en España siga sin resolverse si los fondos para una medida de este tipo deben proceder de la Administración central o de las comunidades autónomas.

La organización también reclama cambios en el diseño de la Intervención Sectorial de cara a la futura PAC. En concreto, defiende que esta intervención sea obligatoria para los Estados miembros, que cuente con niveles de financiación al menos similares a los actuales y que desaparezca la cofinanciación del 30% por parte de los Estados miembros prevista en los borradores de la PAC 2028-2034 para las intervenciones sectoriales.

Junto a la petición de un plan de arranque, Unión de Uniones ha confirmado una reducción de la demanda de uva por parte de las bodegas a sus proveedores. Según expone la organización, esta situación se está repitiendo en varias denominaciones de origen protegidas, entre ellas Rías Baixas, Ribera del Duero y Cava. A ello se añade una expectativa de producción elevada, pendiente de cómo evolucione la climatología durante los dos próximos meses.

Los responsables del sector en Unión de Uniones sostienen que la aplicación del Paquete vino es necesaria, pero insuficiente. A su juicio, ni el desarrollo de la legislación secundaria y su adaptación al marco estatal ni los esfuerzos comerciales de la oferta para colocar nuevos productos en los mercados interior y exterior están logrando frenar la consolidación del descenso del consumo de vino, tanto en la Unión Europea como en otros mercados.

La organización ha puesto además sobre la mesa la existencia de prácticas fraudulentas vinculadas a la sustitución de alcoholes vínicos por alcoholes de otros orígenes. Según denuncia, se trata de una situación repetida en las últimas campañas. Unión de Uniones añade que un problema similar se produce en la producción de mostos y por ello exige una mayor eficacia en los controles por parte de las distintas administraciones implicadas.

Con este planteamiento, la organización agraria insiste en que la situación del viñedo requiere decisiones inmediatas para evitar un mayor deterioro de la rentabilidad en origen y para ordenar una reducción de superficie que, en su opinión, debe aplicarse con criterios sociales y con respaldo económico suficiente.