Reforma fiscal

Carlos Lamoca Pérez

Miércoles 14 de Noviembre de 2018

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“El arte de los impuestos consiste en desplumar el ganso de forma que se obtenga la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de protestas” (Jean-Baptiste Colbert)

Si hay un ordenamiento jurídico sometido a los vaivenes de la política y más que de la política, a los vaivenes del más puro y duro electoralismo, ese es sin duda el ordenamiento jurídico tributario. El marketing tributario reformista, siempre presente en nuestras vidas, se hace aún más machacón, en situaciones pre-electorales. Con olvido de los más elementales principios presupuestarios se proponen incrementos sin freno de gasto, dizque social, a financiar con delirantes incrementos de ingresos tributarios que, invariablemente, siempre van a pagar otros: La banca, las eólicas, las sociedades internacionalizadas, las SICAV, la lucha contra el fraude fiscal..... Y siempre, como no, los auténticos culpables de la actual situación de injusticia social: Los ricos.

La solución, siempre tópica, siempre demagógica, está al alcance de cualquiera: Primero, que quien más tiene, más pague. O lo que es lo mismo, subida selectiva de impuestos. Y segundo, nuevos impuestos. Variados, modernos, recogiendo las diferentes sensibilidades sociales: Impuestos ecológicos, impuestos a los ricos, impuestos a la Banca...Fácil, ¿no? Si no fuera porque olvidamos dos circunstancias elementales en materia de fiscalidad, cuales son: Primero, que, el impuesto no es algo que se quede quieto en aquél que lo soporta. El impuesto es una bola que, normalmente a través de los precios, se repercute hacia adelante hasta alcanzar al último desgraciado que, sin defensa posible, se lo ha de comer. Algo, esto de la repercusión que, en economías estrechas como la nuestra, es una posibilidad real en la inmensa mayoría de las situaciones. Y segundo, que en un entorno de libertad de circulación de personas, empresas y capitales, en un entorno de desarmonización fiscal supranacional, cualquier discriminación nacional negativa en materia tributaria, puede hacer que quien hoy está aquí pagando impuestos, mañana no lo esté. Y que quien pensaba venir a invertir por el atractivo y seguridad tributaria que pudiera ofrecer el país, pues decida marchar a otra parte, donde la estabilidad y seguridad sean más fiables.

Dejemos a un lado las soluciones mágicas y analicemos con rigor, de dónde partimos y hacia donde hemos de ir. La desidia, el oportunismo político, el lobby en suma,  han hecho de nuestro sistema tributario un ordenamiento boscoso, complejo en grado sumo, desordenado y, por todo ello, altamente injusto. La "patada para adelante" ha convertido algo que se diseñó con base en la transparencia y en la cercanía y asistencia al ciudadano, en un collage normativo renqueante y repleto de parches, servido por unas administraciones tributarias, frías y distantes, dirigidas por el software del procedimiento y la cita previa. Este arcano irreconocible para el común de los ciudadanos, hace extremadamente fácil el que la máquina, pueda ser utilizado políticamente por unos para "reducir los impuestos" y por otros  "para que paguen los ricos". Desgraciadamente y en ambos casos, para recaudar lo más posible y hacer frente a un gasto público sin freno que no deja de crecer disparatadamente, sean "unos" u "otros" los que nos quieran. No es de extrañar pues que, este engendro fiscal, generador permanente de zozobra e inseguridad jurídica a la ciudadanía, haya pasado de ser una necesidad antipática, pero asumible en un Estado moderno, a ser uno de los elementos institucionales que más rechazo social suscita. La voracidad recaudatoria nunca ha sido un elemento que procurase paz social: Antes al contrario, históricamente, son las máquinas de picar carne imponible, las que pasan por ser las causas más frecuentes de levantamientos sociales. Bien tumultuosos, vía Bastilla, o bien individuales, vía Laffer.

Visto el escabroso escenario en que se mueve nuestra seguridad jurídico-fiscal, no es de extrañar que, cada día más expertos en la materia, aireen que tanto el ordenamiento jurídico tributario (la fiscalidad), como las administraciones encargadas de aplicarlo (la tributación), necesitan de una reforma profunda. No se trata de poner un parche más y seguir tirando. No se trata de recaudar más que el año anterior. No se trata de desplumar al ganso. Se trata de abrir en canal la pieza y acometer una reforma profunda por su transcendencia y por el cambio que debe significar. Se trata de, primero, partiendo de los principios constitucionales, construir un edificio normativo estable, transparente, claro, inteligible, en suma, aprehensible y por ello, aplicable; y segundo, de organizar unas Administraciones tributarias coordinadas que, en el control del cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos, pongan como objetivo, no el incremento de la recaudación, sino la homogeneidad en la distribución de la presión fiscal efectiva y por ello, el principio de igualdad real ante la aplicación de la ley tributaria.

Por un lado, la fiscalidad, normas sencillas de aprehender por el común de los ciudadanos, normas basadas en un principio fundamental en materia fiscal cual es el de que, la simplicidad, la sencillez normativa, equivale a justicia tributaria. Y por otro, la tributación, la "realidad-real", cuál es el control de cumplimientos. Algo que necesita de Administraciones tributarias coordinadas que aseguren dos objetivos: Que ciudadanos en la misma situación, reciben idéntico tratamiento en la comprobación; y que todas las comprobaciones, todas,  se ordenen conforme a criterios de riesgo fiscal y no embarcándose en procedimientos masivos y acelerados en busca de objetivos recaudatorios indiscriminados.

Y un último apunte. Nadie olvide que la generación de ingresos tributarios guarda una relación directa con la capacidad de reacción que los órganos de la Administraciones tributarias, tienen ante comportamientos ciudadanos tendentes a la elusión impositiva. Cierto es que, en el pasado, se hicieron plausibles esfuerzos de educación cívico-tributaria, cierto es que se ha tratado, por todos los medios amigables a disposición de los correspondientes Gobiernos, de llegar a motivar comportamientos ético-tributarios en los ciudadanos. Pero con escaso éxito. La mayoría de los mensajes, de los consejos, de los incentivos generalistas, se hunden en el abismo cuando el otro platillo de la balanza, el gasto público, el "cómo se gasta aquello que tanto nos cuesta ganar", es motivo de escándalo social. Podemos poner en práctica didácticas de última generación para convencer, revoluciones éticas impactantes, milagros los jueves....Será inútil. Todo se nos vendrá abajo mientras no atajemos el mal en su raíz: Corrupción política, despilfarro, endeudamiento sin control, cuentas del Gran Capitán...Así no convenceremos nunca. Así se deja sin argumentos éticos a las Administraciones tributarias. Y de ahí a la insumisión fiscal como "derecho humano fundamental" quedan dos palmos.

Carlos Lamoca Pérez
Inspector de Hacienda del Estado.

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