Martes 11 de Noviembre de 2025
El Gobierno de Argentina ha anunciado una reforma en la regulación del sector vitivinícola a través de la Resolución N° 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Esta medida, impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, elimina 973 normas de las 1.207 que estaban vigentes hasta ahora. El objetivo es simplificar los procedimientos y reducir la carga administrativa para las bodegas, mediante la creación de un nuevo Digesto Normativo.
Uno de los cambios principales es que el INV dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo, como la cosecha, la elaboración o el transporte del vino. A partir de esta reforma, el organismo centrará sus controles en el producto final embotellado. De este modo, se busca garantizar que el vino sea apto para el consumo y no esté adulterado, pero sin fiscalizar cada paso previo a su comercialización.
El INV continuará con las certificaciones necesarias para la exportación, especialmente aquellas relacionadas con la inocuidad y los requisitos exigidos por los mercados internacionales. Sin embargo, dejará de realizar unas 5.000 inspecciones presenciales al año. También se eliminan trámites como la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas por presentaciones tardías y los permisos de tránsito que hasta ahora debían gestionar las bodegas para mover sus productos.
Federico Sturzenegger, ministro responsable del proceso de desregulación, explicó que esta medida busca eliminar la intervención estatal innecesaria y favorecer un entorno más competitivo. Según sus declaraciones recogidas por medios locales, el INV dejará de intervenir en cada etapa de la producción para enfocarse solo en el control del producto final. Sturzenegger señaló que esto reduce oportunidades para la discrecionalidad y posibles casos de corrupción.
El ministro también informó que los controles sobre trazabilidad —como la certificación de origen, añada y varietal— pasarán a ser optativos. Los productores podrán decidir si mantienen estos controles según sus necesidades comerciales. En 2024, el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones; algunas empresas recibían una inspección cada dos días. Sturzenegger consideró que este nivel de control generaba burocracia innecesaria.
Desde el Gobierno se afirma que esta reforma reducirá costes operativos y tiempos administrativos para las bodegas, lo que podría mejorar la competitividad y agilidad del sector vitivinícola argentino. Sin embargo, algunos referentes del sector han mostrado cautela ante estos cambios. Si bien valoran la simplificación administrativa, advierten sobre posibles riesgos reputacionales derivados de una menor fiscalización en los estándares de calidad y trazabilidad. Estos aspectos son considerados fundamentales para mantener el prestigio del vino argentino en los mercados internacionales.
Un empresario vitivinícola mendocino explicó que los controles sobre origen y varietal no solo aportan transparencia sino que también generan confianza entre los consumidores internacionales. Considera importante que la industria mantenga esos estándares aunque ya no sean obligatorios.
El nuevo esquema mantiene al INV como responsable del control de calidad e inocuidad del vino embotellado, asegurando que los productos cumplan con las normas internacionales antes de llegar al mercado. Esta reforma forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno argentino para revisar y simplificar regulaciones en distintas cadenas agroindustriales con el fin de favorecer la inversión y la innovación.
La vitivinicultura argentina inicia así una etapa con menos fiscalización directa y mayor autogestión empresarial, siguiendo el modelo económico impulsado por la actual administración nacional. El sector deberá adaptarse a este nuevo marco normativo mientras busca mantener su reputación internacional basada en la calidad y transparencia del producto final.