Las denominaciones de origen pide más fondos y campañas para asegurar su futuro en la UE

Las denominaciones de origen de vino y las indicaciones geográficas del sector agroalimentario han presentado en Madrid a la Comisión Europea un paquete de propuestas con el que buscan asegurar su posición en el mercado y reforzar el papel que juegan en las zonas rurales. La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) y Origen España trasladaron estas peticiones al director general adjunto de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea (DG AGRI), Diego Canga Fano, en una reunión celebrada el 12 de noviembre en la Representación de la Comisión en España. El encuentro se organizó bajo el título "Impulsando las indicaciones geográficas: un plan de acción para las IIGG" y tuvo como objetivo influir en el Plan de Acción para las Indicaciones Geográficas que Bruselas se ha comprometido a aprobar y poner en marcha en 2027.

Las dos organizaciones, que agrupan a las denominaciones de origen de vino y a las indicaciones geográficas protegidas del resto de productos agroalimentarios, plantearon sus demandas en torno a dos grandes bloques. Por un lado, pidieron medidas para reforzar internamente a los consejos reguladores, las entidades que gestionan las DOP e IGP. Por otro, reclamaron acciones para aumentar el conocimiento que los consumidores tienen de las figuras de calidad y, con ello, el atractivo de los productos amparados por estos sellos.

En el capítulo dedicado al funcionamiento interno de las DOP e IGP, CECRV y Origen España reclamaron más fondos para los consejos reguladores. Argumentan que necesitan una mayor capacidad financiera para poder asumir con garantías las tareas que las administraciones les delegan: certificación y control de los productos, protección jurídica de los nombres protegidos —considerados derechos de propiedad intelectual colectivos, solo utilizables por las empresas que cumplen el pliego de condiciones— y promoción de las propias indicaciones geográficas. Según expusieron durante la reunión, el volumen de estas funciones ha ido en aumento y requiere recursos estables si se quiere mantener la confianza de productores y consumidores.

Las organizaciones también pidieron que el Estado y la propia Comisión aceleren la resolución de las solicitudes de modificación de los pliegos de condiciones. Consideran que los plazos actuales dificultan que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas se adapten con rapidez a los cambios del mercado, a la evolución del consumo o a cuestiones técnicas y climáticas que afectan a los cultivos y a la elaboración de los productos. A su juicio, una tramitación más ágil permitiría a los sectores implicados reaccionar mejor ante esos cambios sin perder rigor en los controles.

Otro de los mensajes dirigidos a la Comisión fue la petición de que los productores adscritos a figuras de calidad tengan un trato preferente en determinadas líneas de ayudas europeas. CECRV y Origen España defendieron que las DOP e IGP actúan como motor económico y social en muchas zonas rurales, fijan población, generan empleo vinculado al territorio y mantienen prácticas agrarias y alimentarias ligadas a la tradición. Por esa razón solicitaron que, cuando se diseñen políticas de apoyo, se tenga en cuenta de forma prioritaria a quienes trabajan bajo estos sellos de calidad.

En la misma línea, reclamaron un canal de interlocución más sólido entre las asociaciones que representan a las indicaciones geográficas y las administraciones públicas, tanto en Bruselas como en los Estados miembro. Plantean que esa relación fluida ayudaría a anticipar problemas y a adaptar mejor las normas a la realidad de cada sector. También pidieron la creación de un marco jurídico claro que evite prácticas desleales hacia las DOP e IGP por parte de marcas colectivas de ámbito regional que puedan generar confusión en el consumidor.

El segundo bloque de propuestas se centró en la relación de las figuras de calidad con el mercado y el público. Las organizaciones solicitaron campañas institucionales que expliquen al gran público y a la distribución qué son las indicaciones geográficas, qué garantizan y cómo se reconoce su etiquetado. Consideran que el conocimiento sigue siendo limitado y que muchos consumidores no terminan de identificar la diferencia entre un producto genérico y otro amparado por una DOP o una IGP, pese a que estos últimos tienen reglas de producción y de origen muy precisas.

Para facilitar la promoción, también propusieron simplificar los procedimientos de solicitud y justificación de las ayudas europeas destinadas a la difusión de productos con indicación geográfica. Los consejos reguladores y agrupaciones de productores señalan que la carga administrativa es elevada y consume recursos humanos y económicos que podrían dedicarse a tareas de comunicación y apoyo directo a las bodegas y empresas.

Otra de las peticiones se dirigió al ámbito educativo. CECRV y Origen España defendieron que los sistemas educativos europeos incorporen contenidos sobre alimentación, productos de calidad diferenciada y valor de las indicaciones geográficas, desde etapas tempranas. Consideran que una ciudadanía formada en estos asuntos ayudará a sostener, en el medio y largo plazo, un consumo más informado y una mayor conciencia sobre el vínculo entre producto, territorio y modo de elaboración.

En el plano de la compra pública, reclamaron que las administraciones reserven una parte de sus presupuestos de adquisición de productos agroalimentarios —por ejemplo, para comedores escolares, hospitales o residencias— a alimentos y bebidas con indicación geográfica. Esta medida, sostienen, serviría como apoyo directo a las zonas rurales productoras y reforzaría la presencia de estos productos en la vida diaria de la población.

Las organizaciones propusieron además la creación de un Observatorio Europeo de las Indicaciones Geográficas. Este organismo tendría como misión reunir y ordenar información de valor sobre estos productos, no solo en términos de producción y comercialización, sino también de variables sociales y económicas: empleo que generan, impacto en el territorio, peso en las exportaciones o papel en la conservación del paisaje y del patrimonio gastronómico. Pidieron que tanto las instituciones comunitarias como los Estados miembro participen en esa recopilación de datos de forma coordinada.

El presidente de CECRV, David Palacios, subrayó tras la jornada que es esencial que la Comisión Europea y los Estados miembro sean plenamente conscientes de lo que suponen las DOP e IGP para las zonas rurales, tanto en Europa como en España. Explicó que las denominaciones de origen ven con buenos ojos que Bruselas se haya comprometido a poner en marcha nuevas herramientas y medidas específicas para que las figuras de calidad refuercen su cohesión interna y consigan que los consumidores las identifiquen y las valoren mejor.