El sector del Rioja pide un cambio profundo en el anteproyecto de DO e IGP

El pleno del Consejo, en una reunión extraordinaria, ha expresado su disconformidad con este borrador propuesto por el Ministerio de Agricultura, al entender que no preserva su modelo de funcionamiento, algo que ha reiterado de forma unánime como "irrenunciable" por todo el sector vitivinícola riojano.

Por ello, en el ánimo de colaborar con el Ministerio y dentro del espíritu constructivo que ha caracterizado siempre al Consejo Regulador, ha considerado aplicables las enmiendas y justificación que transmitió en septiembre de 2010 en relación con el anterior anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria.

El Consejo Regulador cree en la "plena virtualidad" de esas enmiendas para la valoración del actual borrador de anteproyecto de Ley, dada la correlación observada en muchos aspectos, según ha indicado en un comunicado.

Ha añadido que el objetivo del sector vitivinícola riojano es preservar los aspectos fundamentales del modelo actual de Rioja, que "ha demostrado sobradamente su eficacia e idoneidad".

"Es algo que se considera imprescindible para que Rioja pueda seguir desarrollándose y disponga de los instrumentos adecuados y seguridad jurídica que garantice el respeto al patrimonio y fondo de comercio generados, así como una competencia leal en el mercado", ha subrayado el Consejo Regulador.

Cree que el nuevo modelo de Denominación que se propugna en el borrador de anteproyecto no permitirá mantener una estructura como la que demanda el sector para realizar, con las garantías necesarias, las labores de gestión y control, dentro de la separación de funciones consagrada por la Ley 24/2003 de la Viña y el Vino.

También se ha referido a que, aunque la corporación de derecho público sea un primer paso para llevar a cabo los cambios necesarios, esto no es suficiente, ya que el objetivo no es tanto la forma de "corporación", como la atribución expresa de funciones públicas, que hasta ahora sí ha tenido el Consejo Regulador como órgano desconcentrado del Ministerio.

El pleno ha ratificado el posicionamiento acordado en marzo de 2009, por el que se solicitó al Ministerio la designación del Consejo Regulador como autoridad competente que, a través del Servicio Habilitado de Veedores, se encargaría del control y de la comprobación del reglamento.

Ha señalado que para ello es necesario el reconocimiento del Consejo Regulador como corporación de derecho público a través de una norma con rango de ley que, sobre la base de una adecuada separación de funciones, integre al órgano de control y defina un sistema eficaz para la aplicación de la potestad sancionadora.

La aplicación de la potestad sancionadora sería ejercida de forma directa por el Ministerio de Agricultura o bien a través de una delegación en todo o en parte en el Consejo Regulador, ha precisado.