Estados Unidos blinda en la OMC su recargo del 10% a las importaciones

Estados Unidos ha comunicado a la Organización Mundial del Comercio que no prevé suavizar la sobretasa del 10% aplicada a las importaciones durante el periodo de vigencia de la medida, fijado en 150 días. La notificación fue remitida al Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la OMC y sostiene que, dado que la legislación estadounidense limita por defecto esa sobretasa a ese plazo, Washington no contempla una relajación gradual antes de su vencimiento, previsto para el próximo 24 de julio.

La medida fue aprobada por el presidente de Estados Unidos el pasado 20 de febrero mediante la Proclamación Presidencial 11012 y entró en vigor el pasado 24 de febrero. Se aplica como un recargo temporal del 10% ad valorem sobre las importaciones de bienes procedentes de todos los socios comerciales, con algunas excepciones por producto. Según el documento remitido a la OMC, ese recargo se suma a los aranceles ya consolidados por Estados Unidos en el marco del organismo multilateral.

Washington justifica la decisión por lo que define como un déficit “grande y grave” en su balanza de pagos. En su explicación, el Gobierno estadounidense afirma que ese desequilibrio exterior supone riesgos para su economía y también para la economía internacional. Para sostener esa tesis cita datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, del Consejo de Asesores Económicos, del Fondo Monetario Internacional y de literatura económica pública.

Entre los argumentos incluidos en la comunicación figura que el déficit por cuenta corriente anual de Estados Unidos alcanzó 1,2 billones de dólares en 2024, equivalente al -4,0% del PIB. También señala que el déficit comercial de bienes y servicios, principal componente de esa cuenta corriente, llegó igualmente a 1,2 billones de dólares en 2024 y se mantuvo en ese nivel en 2025. Según Washington, esa evolución confirma un desequilibrio exterior prolongado que obliga a adoptar medidas temporales para proteger su posición financiera externa.

El Gobierno estadounidense añade que su posición inversora internacional neta se situó en 2024 en el -90% del PIB. A partir de ese dato, sostiene que el país se ha convertido en un gran deudor y que esa situación aumenta su exposición a cambios en los mercados, en los tipos de cambio y en la confianza de los inversores. También afirma que el saldo negativo de rentas primarias registrado en 2024 fue el primero anual desde 1960 y que desaparece así un elemento que antes compensaba parte del déficit comercial.

En su defensa ante la OMC, Estados Unidos sostiene además que ha puesto en marcha otras medidas macroeconómicas para reducir ese desequilibrio exterior, entre ellas cambios fiscales y recortes del gasto discrecional incluidos en una nueva ley presupuestaria. Aun así, considera que esas actuaciones no bastan para restablecer el equilibrio externo “de forma sólida y duradera”, por lo que mantiene que la sobretasa temporal es necesaria.

La comunicación enviada al organismo multilateral precisa que el recargo tiene carácter binario: o bien permanece vigente durante todo el periodo previsto o bien se retira antes de tiempo. En este momento, según la posición oficial trasladada por Washington, no está sobre la mesa una reducción parcial ni escalonada.

La decisión ha generado dudas entre varios miembros de la OMC, según recoge la información difundida desde Ginebra por Third World Network. Las reservas se centran tanto en el fondo económico como en la base jurídica utilizada por Estados Unidos. Algunos representantes consideran discutible que un déficit exterior como el estadounidense pueda encajar en las disposiciones del artículo XII del GATT de 1994, pensado para restricciones comerciales vinculadas a problemas de balanza de pagos.

Esas objeciones parten de una idea básica: Estados Unidos emite la principal moneda de reserva internacional y financia su deuda en su propia divisa, por lo que varios miembros entienden que un déficit por cuenta corriente no equivale por sí mismo a una situación de crisis. También recuerdan que el Fondo Monetario Internacional, citado por Washington para respaldar su diagnóstico, no ha propuesto imponer recargos generalizados a las importaciones. Sus recomendaciones habituales pasan más bien por ajustes fiscales y flexibilidad cambiaria.

Otra crítica apunta a la interpretación que hace Estados Unidos de su posición inversora internacional neta. Algunos analistas consideran que no basta con mirar el saldo agregado negativo sin atender a la composición de activos y pasivos. Según esa lectura, buena parte de los activos exteriores estadounidenses ofrece rentabilidades altas, mientras que una parte relevante de sus pasivos corresponde a deuda considerada segura y con menor rendimiento. Por eso entienden que presentar al país como un “deudor” no implica necesariamente una situación financiera equiparable a la de otras economías con dificultades externas.

Para el sector de las bebidas, la continuidad del recargo tiene efectos potenciales directos. El vino importado entra dentro del ámbito general de la sobretasa salvo las excepciones expresamente recogidas para otros productos. Eso significa que las bodegas extranjeras que venden en Estados Unidos pueden seguir soportando durante estas semanas un gravamen adicional del 10%, con impacto posible sobre márgenes comerciales, precios finales y decisiones logísticas. También puede influir en importadores y distribuidores estadounidenses, sobre todo en segmentos donde el precio tiene un peso mayor en la compra.

En el caso del vino español y europeo, esta situación añade presión a un mercado ya sensible a cualquier cambio arancelario. Si el recargo se mantiene hasta el próximo 24 de julio sin modificaciones, las operaciones cerradas dentro de ese periodo seguirán sujetas al pago adicional salvo que entren en alguna excepción concreta. Para muchas empresas exportadoras no se trata solo del arancel en sí, sino también de la dificultad para planificar campañas comerciales y ajustar tarifas con poca antelación.

La notificación estadounidense también subraya que la medida afecta a todos los socios comerciales y a todas las mercancías importadas salvo exclusiones específicas. Entre esas exclusiones figuran ciertos minerales considerados esenciales, algunos productos agrícolas concretos como carne de vacuno, tomates y naranjas, además de productos farmacéuticos y otras categorías. El vino no aparece entre las excepciones mencionadas en la información conocida hasta ahora.

Desde el punto de vista jurídico, Washington invoca una doble base legal: la sección 122 de la Ley de Comercio estadounidense de 1974 y varias disposiciones del sistema multilateral, entre ellas el artículo XII del GATT, el Entendimiento de 1994 y la Declaración de 1979 sobre medidas comerciales por balanza de pagos. Con ello intenta sostener que su actuación es compatible con las normas vigentes porque permite restricciones temporales para proteger la posición financiera externa de un miembro.

La discusión llega además en un momento delicado para la OMC, donde cualquier interpretación amplia del uso comercial ligado a problemas macroeconómicos puede abrir nuevas tensiones entre socios. Varios miembros temen que aceptar sin objeciones una lectura tan extensa del concepto de balanza de pagos siente un precedente para futuras restricciones comerciales justificadas por motivos internos amplios.

Por ahora, lo único confirmado es que Estados Unidos mantiene su posición inicial: no prevé aliviar progresivamente la sobretasa mientras siga vigente dentro del límite legal fijado por su propia normativa. Salvo retirada anticipada o una decisión distinta del Congreso estadounidense más allá del próximo 24 de julio, las importaciones afectadas seguirán pagando ese 10% adicional durante el resto del periodo establecido.