¿Demasiadas restricciones? El sector del vino cuestiona la nueva ley del alcohol

El anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad propone una serie de medidas para restringir la publicidad y el consumo de alcohol, especialmente en menores. Este texto, que ha sido sometido a audiencia e información pública por el Ministerio de Sanidad, tiene como objetivo prohibir los mensajes publicitarios que asocien el alcohol al éxito social o profesional, así como aquellos que presenten de forma negativa la abstinencia o la sobriedad. Además, obligará a incluir advertencias claras sobre los riesgos de consumir alcohol durante el embarazo y la lactancia.

Las principales entidades del sector tienen hasta el 6 de septiembre para solicitar modificaciones.

La Asociación Espirituosos España, patronal de las bebidas destiladas, se han pronunciado mostrando su respaldo a la nueva Ley. Por su parte, la Asociación de Cerveceros de España se mantienen a la espera de que en los próximos días se abra el periodo de consultas públicas previo a la definitiva aprobación del texto por el Consejo de Ministros, y su posterior remisión al Congreso de los Diputados.

En cuanto al sector vinícola, la Federación Española del Vino (FEV), a pesar de respaldar la iniciativa gubernamental, ha manifestado sus reservas sobre algunos puntos clave de la nueva ley. José Luis Benítez, director de la FEV, ha asegurado que, si bien comparten el objetivo de proteger a los menores, discrepan en la intención del Ministerio de Sanidad de erradicar el mensaje de "consumo moderado", un concepto que, según la federación, sigue siendo válido.

Por otro lado, FAD Juventud ha mostrado su apoyo al anteproyecto y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) insta a las empresas a asumir su responsabilidad social y no ejercer presiones como en el pasado.

El Ministerio de Sanidad espera que, tras recabar los informes necesarios, el texto pueda ser presentado al Consejo de Ministros a finales de año, para iniciar su tramitación parlamentaria en 2025. El documento destaca la amplia aceptación social del consumo de alcohol en España y señala factores que favorecen su consumo, como la alta densidad de puntos de venta, la promoción de productos y los horarios amplios de venta.

Entre las medidas propuestas se incluyen restricciones en espacios, publicidad, patrocinio, venta y dispensación de alcohol, así como un régimen sancionador correspondiente. Además, se busca inculcar la prevención y concienciación desde diversos ámbitos para modificar la percepción del riesgo, actualmente subestimado.

La norma, en caso de que siga adelante y finalmente sea aprobada, prohibirá el consumo de alcohol por menores, salvo pequeñas cantidades en contextos religiosos. También se prohibirá a los adultos consumir alcohol en lugares frecuentados por menores, como centros educativos y espacios con espectáculos para ellos. La venta de alcohol a menores y la venta ambulante sin licencia también estarán vetadas. Se requerirá que las máquinas expendedoras verifiquen la mayoría de edad y las comunidades autónomas y ayuntamientos podrán establecer restricciones horarias en la venta de alcohol, preferentemente desde las 22 horas hasta las 8 del día siguiente.

La publicidad dirigida a menores estará prohibida, y no se podrán usar personas menores de 21 años ni figuras públicas vinculadas a menores o embarazadas en anuncios de bebidas alcohólicas, incluidas las que simulan serlo, como las 0.0. La publicidad deberá incluir advertencias sobre los riesgos del consumo durante el embarazo y la lactancia, así como el volumen de alcohol. También se prohibirán los mensajes que vinculen el alcohol con el éxito social o sexual, mejoras en el rendimiento físico, propiedades terapéuticas o cualquier otro beneficio para la salud.

El patrocinio de eventos o actividades destinados a menores, así como en lugares donde esté prohibido el consumo de alcohol, también estará restringido. Esto incluye mobiliario de hostelería, transportes públicos y sus terminales, así como páginas web, aplicaciones, redes sociales y publicaciones dirigidas a menores.

Las infracciones podrán ser sancionadas con multas que varían desde 60 hasta 600.000 euros, dependiendo de la gravedad. Los padres, madres o tutores legales serán responsables civilmente de las acciones de los menores a su cargo y podrán ser responsables directos y solidarios de las infracciones en casos de dolo, culpa o negligencia.