Italia aprueba una ley dura contra el fraude alimentario

El Senado italiano dio el 15 de abril la aprobación definitiva al proyecto de ley de tutela agroalimentaria, una norma que introduce nuevos delitos, endurece las sanciones por fraude y refuerza los controles sobre la cadena alimentaria. El texto busca frenar las prácticas engañosas en alimentos, bebidas y productos con denominación de origen, un terreno sensible para sectores como el vino, el aceite y los lácteos.

La reforma tipifica por primera vez de forma expresa el fraude alimentario y el comercio de alimentos con signos mendaces. En la práctica, esto permite perseguir con más claridad la venta de productos no genuinos o presentados con una procedencia distinta de la real. La ley también incorpora una agravante llamada agropiratería para los casos en que la actividad ilícita esté organizada y sea sistemática.

Uno de los puntos centrales es el refuerzo de la protección de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas. Las penas por falsificación se endurecen tanto en el plano penal como en el económico. El objetivo es proteger un sector que mueve más de 20.000 millones de euros y que tiene un peso alto en las exportaciones agroalimentarias italianas.

La norma cambia además el sistema de multas administrativas. A partir de ahora, las sanciones se vinculan al facturado de cada empresa, para evitar que grandes grupos y pequeños operadores reciban castigos similares cuando la infracción tiene una escala muy distinta. El Gobierno italiano sostiene que este ajuste busca hacer más proporcional la respuesta del Estado ante las irregularidades.

El texto crea también una cabina de regia para coordinar los controles entre distintas autoridades. Con ello se pretende reducir duplicidades y ordenar mejor las inspecciones a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta la venta final. La trazabilidad pasa a ocupar un lugar central en la nueva norma.

En el caso del vino, la ley refuerza los sistemas de identificación de las botellas certificadas. La fascetta tricolore antifraude, ya usada en el Prosecco, podrá extenderse de forma voluntaria a todos los vinos Dop e Igp. El sistema busca facilitar la verificación del origen y dificultar la circulación de productos falsificados o mal etiquetados.

La reforma también introduce cambios para otros sectores. En la filiera bufalina se prevé un sistema digital para seguir los movimientos de la leche y limitar prácticas irregulares. En pesca, las sanciones se revisan según la cantidad capturada y el impacto ambiental. Además, los productos decomisados que sigan siendo aptos para el consumo deberán entregarse a entidades benéficas o territoriales.

Para el sector vitivinícola y para otras denominaciones italianas, la aprobación abre una nueva fase en la lucha contra las etiquetas engañosas y las falsificaciones. La aplicación práctica de estas medidas será ahora la parte más sensible, porque dependerá de cómo actúen los controles y de si las nuevas penas logran frenar unas prácticas que afectan a productores, distribuidores y consumidores.