Unión de Uniones amenaza con acudir a los tribunales por la falta de ayudas al olivar y viñedo

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha anunciado este miércoles que acudirá a los tribunales si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no cumple con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 1/2025. Esta disposición obliga al Gobierno a poner en marcha una ayuda excepcional para los sectores del olivar y el viñedo, afectados por la sequía y el aumento de los costes debido al conflicto en Ucrania.

La organización fue quien impulsó esta medida durante la tramitación parlamentaria de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La propuesta recibió el apoyo de varios grupos parlamentarios y se aprobó con rango de ley. El texto legal establecía un plazo de dos meses para que el Gobierno activara una ayuda directa destinada a explotaciones agrarias especialmente perjudicadas. El plazo venció el pasado 2 de junio sin que el Ejecutivo haya puesto en marcha la ayuda.

Unión de Uniones ya había solicitado por carta, el 7 de abril, una reunión con el Ministerio para tratar la aplicación de esta ayuda. Ante la falta de respuesta, este 8 de julio presentó un requerimiento formal exigiendo el cumplimiento de la ley. Horas después, el Ministerio respondió negativamente, argumentando que no existe partida presupuestaria disponible porque los presupuestos actuales están prorrogados desde 2023.

La organización ha presentado un recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura y ha advertido que recurrirá a la vía judicial si no se revoca esta decisión y se cumple lo establecido en la ley. Unión de Uniones subraya que la ayuda no es una promesa política, sino una obligación legal aprobada por el Parlamento a propuesta suya. Critica que el Ministerio utilice argumentos presupuestarios cuando, según sus datos, en 2024 se tramitaron modificaciones presupuestarias por más de 53.000 millones de euros y hasta mayo de este año ya se habían aprobado casi 23.000 millones adicionales.

La disposición legal incorporaba un fondo específico de 370 millones de euros, definía como beneficiarios a las explotaciones prioritarias y a los agricultores a título principal con cultivos de olivar y viñedo en secano o en regadío deficitario, y establecía un procedimiento ágil para la concesión directa de las ayudas.

Unión de Uniones insiste en que su reclamación no es solo sectorial, sino que exige el cumplimiento estricto de una ley vigente. La organización considera inadmisible que el Gobierno decida aplicar unas leyes sí y otras no, mientras mantiene una actitud estricta con las obligaciones legales que afectan a agricultores y ganaderos. Si no se cumple lo dispuesto en la Ley 1/2025, Unión de Uniones llevará el caso ante los tribunales para exigir su aplicación.