El vino de Europa planta cara a la reforma agraria de Bruselas

Las principales organizaciones del vino de Francia, Italia y España han pedido a sus gobiernos y a la Comisión Europea que sitúen al sector entre sus prioridades en la próxima reforma de la Política Agrícola Común. El mensaje se acordó en una reunión celebrada los días 30 de junio y 1 de julio en Irouléguy, en el suroeste de Francia, dentro del llamado Grupo de contacto, un foro anual en el que las asociaciones de los tres países comparten posiciones sobre la situación del viñedo europeo.

En su declaración conjunta, las entidades sostienen que el respaldo público al vino debe ocupar un lugar preferente para proteger la economía, la cultura, el medioambiente y los territorios ligados al viñedo. El texto llega en un momento de inquietud para buena parte del sector europeo, que observa una combinación de malas cosechas por el clima, menor ritmo de consumo en muchos mercados, incertidumbre en las exportaciones, aumento del gasto de producción y más carga administrativa para las empresas.

Las asociaciones consideran que la PAC debe seguir siendo la herramienta básica para acompañar los cambios que necesita el sector y reclaman recursos suficientes y específicos. Su principal petición es que no se recorte el presupuesto agrario europeo destinado al vino y que las ayudas no pasen a depender en parte de una cofinanciación nacional. A su juicio, si cada Estado miembro tuviera que asumir una parte del apoyo público, podrían aparecer diferencias entre países que alterarían el mercado único y debilitarían al conjunto del sector europeo.

El documento defiende mantener el esquema actual de intervención comunitaria, con un presupuesto propio para el vino, medidas concretas, beneficiarios definidos y porcentajes comunes de financiación europea. Las organizaciones entienden que ese marco debe seguir adaptándose a las necesidades del sector, pero sin romper la base común que ha regido hasta ahora. También piden continuar con las medidas de simplificación administrativa impulsadas por Bruselas para facilitar los intercambios dentro del mercado único.

Otro de los puntos centrales del acuerdo es la defensa del llamado “paquete del vino” promovido por el comisario europeo Christophe Hansen. Las asociaciones valoran tanto el método de trabajo como las soluciones incluidas en ese paquete, entre ellas las relativas a la desalcoholización y al etiquetado digital. Según trasladan, esas medidas deben aplicarse sin demora y quedar integradas en la futura PAC. El sector también solicita a la Unión Europea un periodo transitorio que permita mantener la intervención sectorial vitivinícola hasta la entrada en vigor del nuevo marco financiero plurianual 2028-2034.

La reunión de Irouléguy sirvió además para fijar una posición común sobre salud pública. Las organizaciones recuerdan que el vino forma parte de la cultura alimentaria europea y afirman que su consumo moderado es compatible con un estilo de vida saludable. Al mismo tiempo, piden a las autoridades de Francia, Italia y España que mantengan una acción clara contra el consumo excesivo de alcohol y que apoyen las campañas orientadas al consumo responsable.

El texto subraya también el papel económico y ambiental del viñedo en muchas zonas rurales. Para las asociaciones firmantes, la actividad vitivinícola ayuda a mantener empleo, paisaje y tejido productivo en territorios donde pocas alternativas tienen un peso similar. Por eso entienden que cualquier cambio en el sistema de ayudas puede tener efectos directos no solo sobre bodegas y cooperativas, sino también sobre comarcas enteras ligadas al cultivo de la vid.

Entre los problemas citados por el sector figura el impacto del cambio climático sobre las cosechas y sobre la capacidad comercial de los operadores. Las organizaciones hablan de vendimias alteradas por fenómenos extremos y de una presión añadida sobre los márgenes empresariales. A ello suman la ralentización del consumo en varios mercados internacionales y la inestabilidad geopolítica, factores que afectan a las ventas exteriores en tres países donde la exportación tiene un peso central.

Francia, Italia y España concentran una parte muy amplia de la producción vitivinícola europea y comparten intereses comunes en Bruselas. De ahí que este Grupo de contacto tenga valor político para el sector. La posición conjunta busca influir tanto en los gobiernos nacionales como en las instituciones comunitarias antes de que avance la negociación presupuestaria y normativa ligada a la próxima PAC.

Por parte francesa participaron FNSEA-Comisión Vitícola, Cooperación Agrícola-Viticultores Cooperativos de Francia, Viticultores Independientes de Francia, CNAOC, VINIGP, CNIV y UMVIN. En representación italiana acudieron Alianza de las Cooperativas Agroalimentarias Italianas, Assoenologi, CIA Agricultores Italianos, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini, FIVI y Unione Italiana Vini. Desde España asistieron la Asociación Empresarial Vinos de España, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, la Federación Española del Vino y la Organización Interprofesional del Vino de España.

La declaración conjunta no entra en cifras concretas sobre el volumen presupuestario que debería reservarse al vino dentro de la futura PAC, pero sí fija una línea roja: evitar cualquier reducción del apoyo europeo específico al sector. Las organizaciones entienden que los mecanismos ya existentes han sido reforzados recientemente y consideran más útil consolidarlos que abrir un nuevo modelo con financiación compartida entre Bruselas y los Estados miembros.

Con esta toma de posición común, los representantes del vino de los tres grandes países productores del sur de Europa intentan ganar peso en una negociación comunitaria que consideran esencial para los próximos años. Su argumento es que el viñedo no solo produce vino: también ordena territorio, sostiene renta agraria y mantiene actividad económica en amplias zonas rurales donde su presencia sigue siendo determinante.