Tres años de prisión solicitados contra empleadores de viñedos en Burdeos por trata de seres humanos

Tres años de prisión han sido solicitados por la fiscalía de Libourne contra tres empleadores de viñedos en Burdeos, en un juicio que aborda la trata de seres humanos en la industria vitivinícola. Los principales acusados son un matrimonio francés, de 54 y 42 años, que dirigía una empresa de servicios vitícolas, actuando como intermediarios entre los trabajadores temporeros y los châteaux de la región. También se acusa a un reclutador marroquí de 46 años. Según los testimonios, al menos 25 antiguos empleados de origen marroquí denunciaron haber sido explotados bajo condiciones laborales y de alojamiento precarias.

La fiscalía ha solicitado tres años de prisión con ingreso diferido para el hombre, considerado el "jefe no oficial" de la empresa. Para su pareja, registrada como responsable formal, se pide un año de prisión firme, mientras que para el reclutador, la misma pena sería condicionada a medidas alternativas.

Durante el juicio, la fiscal Élodie Blier describió un sistema metódico que aprovechaba las esperanzas de los trabajadores inmigrantes de lograr una vida mejor. Las víctimas pagaron entre 8.000 y 10.000 euros para obtener empleo en Francia entre 2021 y 2024. El dinero debía garantizar un contrato de trabajo de cuatro meses remunerado al salario mínimo, alojamiento y un permiso de residencia regular, en lugar de los habituales permisos temporales para trabajadores de temporada. Sin embargo, los contratos nunca se materializaron. En su lugar, se entregaron documentos administrativos básicos para justificar su estancia temporal, y los trámites de regularización no se llevaron a cabo.

Los testimonios de las víctimas indican jornadas laborales de hasta 62 horas semanales sin compensación, con deducciones salariales injustificadas. Según los informes, los salarios retenidos sumaban miles de euros, y se amenazaba con informar a las autoridades en caso de quejas. Además, el alojamiento ofrecido era precario, con hasta 12 personas hacinadas en pequeños apartamentos en Libourne, careciendo de camas, armarios y servicios básicos suficientes.

El principal acusado negó las acusaciones, afirmando que los trabajadores proporcionaron documentación falsa y que las demandas legales buscaban únicamente obtener permisos de residencia. Sin embargo, no logró justificar los 200.000 euros de ingresos no facturados y los numerosos contratos de seguros de vida que acumuló la empresa. La pareja se encuentra desempleada y sin ingresos declarados desde hace años, sobreviviendo con ayudas sociales.

La defensa argumentó que el caso se basa en relatos parciales y sin un análisis exhaustivo de los hechos, sugiriendo que las acusaciones fueron manipuladas. Sin embargo, los denunciantes sostienen que las condiciones que soportaron son una forma de esclavitud moderna, reforzando la gravedad del caso.

El veredicto final se dará a conocer el próximo 17 de diciembre, y este proceso se suma a otros recientes en el mismo sector, donde han salido a la luz prácticas similares de explotación de trabajadores migrantes.