Jueves 08 de Agosto de 2024
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Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha enfatizado, en una nota de prensa remitida a Vinetur, en la necesidad de asegurar que los viticultores puedan cubrir los costes de producción durante la vendimia actual.
La organización insiste en que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para garantizar la sostenibilidad del sector. Unión de Uniones destaca la importancia de que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) intensifique sus esfuerzos de control, especialmente en un sector propenso a incumplimientos contractuales. Estos contratos deben cumplir con las estipulaciones sobre el objeto, el precio, las condiciones de pago y entrega, la calidad, la trazabilidad, y la duración y prórroga de los mismos, según el artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto.
La organización lamenta la falta de información clara sobre las perspectivas de la vendimia de 2024, que ha sido escasa y fragmentada. Hasta ahora, solo se cuenta con la estimación de casi 40 millones de hectólitros, lo que dificulta la toma de decisiones para los viticultores al negociar contratos y establecer precios. Los productores conocen bien sus costes de producción, pero carecen de información confiable sobre los precios propuestos, lo cual distorsiona la firma de contratos.
La situación actual no solo se caracteriza por problemas de oferta, sino también por una demanda de consumo que se ha vuelto débil y contenida. Se anticipa que las existencias podrían situarse por debajo de los 30 millones de hectólitros. Unión de Uniones subraya que la utilización de los fondos de la Intervención Sectorial Vitivinícola es fundamental para abordar tanto problemas coyunturales como estructurales. Estos fondos son esenciales para permitir a las más de 536.000 explotaciones planificar su futuro, en un contexto donde el cultivo de viñedos ha contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico de municipios rurales en las últimas dos décadas.
La permanencia del sector vitivinícola, según Unión de Uniones, debe basarse en la obtención de precios justos, el acceso a ayudas públicas para superar problemas coyunturales relacionados con el cambio climático, y el despliegue de políticas estructurales que apoyen al viticultor profesional. Además, es esencial fomentar el consumo para asegurar la viabilidad del sector en el futuro.
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