Lunes 07 de Septiembre de 2026
La Guardia di Finanza italiana y el Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, conocido por sus siglas ICQRF, intervinieron el 5 de marzo cerca de 2,5 millones de litros de vino presentados con certificaciones DOP e IGP falsas en la operación “Vinum Mentitum”. El volumen incautado supera los 4 millones de euros de valor y la actuación se saldó con 24 personas denunciadas, de acuerdo con la información facilitada por ambos organismos.
El caso se sitúa en el sector vitivinícola, uno de los más vigilados en Italia por el peso económico y comercial de sus denominaciones de calidad. Las siglas DOP, Denominación de Origen Protegida, e IGP, Indicación Geográfica Protegida, identifican productos vinculados a una zona concreta y sometidos a normas de producción y control. Cuando esas certificaciones se usan de forma falsa, el perjuicio no se limita al etiquetado: afecta al precio, al origen declarado y a la confianza del comprador.
Antonio De Cristofaro, teniente coronel de la Guardia di Finanza, expuso los detalles de la actuación y la enmarcó en los controles dirigidos a proteger el mercado y a los consumidores. La investigación permitió retirar de la circulación una cantidad muy alta de vino que, según las autoridades, se comercializaba como si contara con sellos de calidad reconocidos cuando no era así.
La cifra da una idea de la dimensión del fraude. Los 2,5 millones de litros equivalen a varios millones de botellas si se llevan a formato comercial, lo que ayuda a medir el posible alcance de la distribución de producto con acreditaciones falsas. El valor superior a 4 millones de euros sitúa además la operación entre las intervenciones de mayor volumen en este ámbito.
El papel del ICQRF resulta básico en este tipo de pesquisas, ya que es el organismo italiano especializado en la tutela de la calidad agroalimentaria y en la persecución del fraude. La colaboración con la Guardia di Finanza permite cruzar controles documentales, movimientos de mercancía y trazabilidad del producto, elementos habituales en investigaciones sobre falsificación de origen o uso indebido de sellos protegidos.
Para el sector de las bebidas, un caso de este tamaño puede tener efectos más allá de las personas denunciadas. La venta de vino con DOP o IGP falsas puede dañar la credibilidad de las denominaciones y perjudicar a las bodegas que sí cumplen las normas. También puede llevar a distribuidores, elaboradores y autoridades a extremar la vigilancia sobre la documentación, el etiquetado y los sistemas de trazabilidad a lo largo de la cadena comercial.
La operación “Vinum Mentitum” vuelve a poner el foco sobre el valor económico de los distintivos de origen y sobre la presión que existe para utilizarlos de forma fraudulenta. En mercados donde la procedencia y la categoría del vino influyen de manera directa en el precio, el control público y la verificación documental pasan a ser una pieza central para evitar engaños al consumidor y distorsiones en la comercialización.