Ribera del Duero planta cara a las granjas intensivas y el biogás

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero presentó este miércoles, 1 de julio, en Roa el «Manifiesto por un territorio vitivinícola protegido», una iniciativa con la que pide a la Junta de Castilla y León una ordenación del suelo compatible con la protección del patrimonio vitivinícola, paisajístico y turístico de la comarca. La declaración nace ya con el apoyo de bodegas, cooperativas, viticultores, ayuntamientos, asociaciones empresariales y consejos reguladores de otras denominaciones de origen españolas.

La entidad sostiene que la Ribera del Duero representa un modelo de desarrollo territorial construido durante décadas y que puede verse afectado si falla la regulación sobre determinados usos del suelo. Por eso, los firmantes reclaman una respuesta normativa para ordenar la implantación de instalaciones ganaderas intensivas y plantas de biogás dentro del territorio protegido de la denominación.

El Consejo Regulador sitúa el origen del problema en la normativa aprobada en Castilla y León tras la pandemia. En concreto, señala que el Decreto-Ley 4/2020 eliminó para numerosas instalaciones ganaderas la obligación de obtener licencia ambiental ordinaria y abrió un régimen de comunicación ambiental que, a juicio de la entidad, permite autorizar explotaciones de impacto relevante sin una evaluación técnica previa suficiente.

La posición del Consejo Regulador se apoya, además, en un informe técnico elaborado en 2021 por el Gabinete de Ingeniería Rural para la propia entidad, identificado con el expediente BU-032/21. Ese trabajo, según explica la denominación, identifica los compuestos que generan estas instalaciones y las distancias a las que pueden afectar a los viñedos y al trabajo en las bodegas.

El presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, defendió durante la presentación que la iniciativa no busca cuestionar a la ganadería ni a otros sectores rurales. Pascual afirmó que se trata de una propuesta a favor de la ordenación responsable del territorio y de la compatibilidad real entre usos productivos. También sostuvo que el problema no es la actividad ganadera en sí, sino una regulación que, en su opinión, no distingue entre instalaciones compatibles y otras que no lo son por su tamaño, su proximidad o su impacto acumulado.

Entre las medidas que plantea el manifiesto figura la recuperación de la licencia ambiental ordinaria para toda instalación ganadera intensiva situada en el ámbito de la denominación, sin excepciones por tamaño. Los firmantes también piden fijar distancias mínimas de protección respecto a viñedos, bodegas, establecimientos de enoturismo y núcleos rurales, siempre sobre una base técnica objetiva.

La declaración solicita además revisar el Decreto-Ley 4/2020 para sustituir el actual régimen de comunicación ambiental por un procedimiento de evaluación proporcional al tamaño de cada instalación, a su ubicación y al impacto acumulado. A ello añade la petición de dotar a los ayuntamientos de instrumentos de ordenación con seguridad jurídica y sin exposición a responsabilidad patrimonial.

Otra de las demandas es la creación de un mecanismo estable de consulta y coordinación entre el Consejo Regulador, las organizaciones agrarias, las entidades locales y la consejería competente. El texto está dirigido en primer lugar a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

El Consejo Regulador vincula esta petición al peso económico y social de la denominación. Según el estudio elaborado por PricewaterhouseCoopers por encargo de la entidad en noviembre de 2025, la Denominación de Origen Ribera del Duero genera un impacto directo e inducido de 1.333 millones de euros en el PIB nacional, sostiene 20.916 empleos directos e indirectos en su área de influencia y aporta 459 millones de euros anuales en recaudación fiscal.

A esas cifras se añade su dimensión turística. La denominación recibió más de 600.000 visitantes en 2023, de acuerdo con los datos difundidos por el Consejo Regulador, que también subraya su papel en la fijación de población en una zona con riesgo de despoblamiento.

El manifiesto permanece abierto a nuevas adhesiones de organizaciones, empresas, instituciones y particulares. Entre los apoyos ya confirmados figuran consejos reguladores de otras denominaciones de origen como Rioja, Jerez, Bierzo, Cariñena y Arlanza, además de bodegas, cooperativas y viticultores de la propia Ribera del Duero.

La entidad resume su posición con una idea central: proteger la Ribera del Duero supone, a su juicio, preservar un modelo de futuro para el medio rural. Con esa base, el Consejo Regulador pide a la administración autonómica que vuelva a exigir evaluación ambiental previa en las actividades que puedan afectar al viñedo, a las bodegas y al conjunto del territorio amparado por la denominación.