El Senado francés abre la puerta al regreso de pesticidas prohibidos

El Senado francés aprobó en la noche del 29 al 30 de junio una de las medidas más discutidas de la ley de urgencia agrícola: la posibilidad de conceder derogaciones para volver a autorizar el uso de acetamiprid y flupyradifurona, dos pesticidas prohibidos en Francia pero permitidos en otros países europeos. La votación se produjo durante el examen en sesión plenaria del proyecto y confirma la línea que la Cámara alta ya había fijado en comisión.

Según el texto aprobado por los senadores, esas excepciones podrán concederse por decreto para varios sectores agrícolas concretos: remolacha, cereza, manzana y avellana. Con ello, el Senado siguió la propuesta formulada el 17 de junio por su comisión de Asuntos Económicos. La posición choca con la mantenida hasta ahora por el Gobierno francés, que se había mostrado contrario a reintroducir estas sustancias dentro de esta ley.

La decisión también marca distancia con la Asamblea Nacional. A comienzos de mayo, el presidente de la comisión de Asuntos Económicos de la cámara baja declaró inadmisibles las enmiendas que buscaban abrir esa vía, al considerar que no guardaban relación directa con el texto inicial presentado por el Ejecutivo. El Senado ha optado ahora por incorporarla de forma expresa.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, advirtió del riesgo político que puede abrir este punto dentro de la tramitación. Según declaraciones recogidas por AFP y citadas por AGRA, Genevard expresó su temor a que esta cuestión termine arrastrando al conjunto del proyecto. La ministra ya había avisado antes de que una caída del texto tendría un coste político en el campo francés.

Además del capítulo sobre pesticidas, los senadores aprobaron varias enmiendas para endurecer las obligaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria, Alimentación, Medio Ambiente y Trabajo, conocida como Anses, en los procedimientos de autorización de productos fitosanitarios. Estas modificaciones salieron adelante pese a la oposición del Gobierno.

En materia de autorizaciones de comercialización, una enmienda presentada por el senador Vincent Louault, del grupo Les Indépendants y elegido por Indre-et-Loire, obliga a la Anses a informar a los fabricantes cuando haya identificado “puntos críticos” que puedan conducir a una decisión desfavorable. También le exige invitar a las empresas a aportar datos o información adicional dentro de un plazo razonable antes de resolver.

A esa misma orientación se sumaron otras iniciativas idénticas. Una de ellas fue defendida por el senador Pierre-Antoine Levi, del grupo Union centriste y representante de Tarn-et-Garonne. El propio parlamentario indicó que su propuesta se había trabajado con Chambres d’agriculture France. El objetivo común es dar más margen a los fabricantes para completar sus expedientes antes de una negativa formal.

El Senado introdujo además otra obligación para la Anses en los procedimientos de reconocimiento mutuo, es decir, cuando un producto ya autorizado en otro país europeo solicita validación en Francia. En esos casos, la agencia deberá justificar sus rechazos e invitar previamente a los fabricantes a presentar información complementaria antes de adoptar una decisión final.

La discusión no termina ahí. Los senadores aún deben pronunciarse sobre otro punto sensible del proyecto: la regulación de los llamados “puntos de captación prioritarios” para proteger el agua potable. En este asunto también hay diferencias claras entre la mayoría del Senado y el Gobierno.

Durante una comparecencia ante la prensa celebrada este lunes, 30 de junio, el gabinete de Annie Genevard expresó su rechazo a la definición defendida por los senadores de la comisión de Asuntos Económicos. Esa versión se aparta tanto del criterio del Ejecutivo como del texto aprobado previamente por la Asamblea Nacional.

En comisión, los senadores propusieron ampliar todavía más la definición aceptada por los diputados. La Asamblea había introducido, con apoyo del Reagrupamiento Nacional, dos elementos: no tener en cuenta la contaminación histórica causada por pesticidas ya prohibidos y prever medidas de acompañamiento financiero. El Senado fue más lejos al plantear un umbral de tolerancia para los puntos cuya degradación se atribuya sobre todo a sustancias prohibidas, aunque presenten también una proporción muy limitada de productos aún autorizados.

Para el Gobierno, esa redacción no tiene suficientemente en cuenta los llamados “efectos cóctel” entre distintos pesticidas presentes en el agua. Pese a esa objeción, el Ejecutivo no presentó en sesión pública una enmienda completa para reescribir ese apartado.

La tramitación seguirá en las próximas semanas. Está prevista una comisión mixta paritaria a mediados de julio para intentar cerrar una versión común entre Senado y Asamblea Nacional. Ese órgano será el encargado de arbitrar las diferencias abiertas sobre pesticidas, autorizaciones fitosanitarias y protección de captaciones.

Aunque el texto menciona cultivos distintos del viñedo, sus efectos pueden ir más allá de esos sectores. Las reglas sobre autorizaciones fitosanitarias y sobre captación de agua pueden influir en el marco normativo que afecta a explotaciones vitícolas francesas y, por extensión, a bodegas y cooperativas. Si prosperan cambios en los criterios para aprobar productos o en las exigencias ligadas al agua, podrían variar la planificación técnica en campo y algunos gastos ligados al cumplimiento normativo dentro del sector del vino y otras bebidas agrícolas.