Argentina y el biodiésel, una oportunidad que pide reglas estables

En las últimas décadas, el debate energético mundial cambió de forma profunda. La necesidad de reducir emisiones, mejorar la seguridad energética y diversificar las fuentes de energía llevó a muchos países a impulsar con fuerza los biocombustibles. Dentro de ese escenario, el biodiésel se convirtió en una alternativa para reemplazar parte del gasoil de origen fósil. Lo mismo ocurrió con el bioetanol en el caso de las naftas.

Argentina reúne condiciones para producir ambos combustibles. Tiene una de las agroindustrias más eficientes del mundo, lidera el procesamiento de soja y también cuenta con capacidad en maíz y caña de azúcar. A eso suma tecnología e infraestructura industrial de primer nivel. Pese a ello, las oportunidades no siempre se aprovecharon plenamente.

El debate sobre el biodiésel empezó a tomar forma en Argentina a fines de la década de 1990. El autor del texto recuerda que participó de ese proceso junto con los principales actores que impulsaron la ley de promoción de biocombustibles. Según su relato, esa experiencia le permitió comprobar que una idea sostenida con convicción puede terminar imponiéndose.

El primer proyecto legislativo sobre biocombustibles fue presentado en 2001 por el diputado nacional Héctor Romero, de la UCR de Chaco y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa partió de un impulso de Héctor Huergo, entonces director de Clarín Rural, que promovía agregar valor a los granos mediante su transformación en energía. Junto con Claudio Molina, especialista en la materia y luego fundador de la Asociación Argentina de Biocombustibles, compartieron conocimientos y esfuerzos con el grupo de asesores del diputado Romero, coordinado por el autor del artículo.

Ese recorrido no estuvo libre de obstáculos. El texto señala que hubo resistencia de personas influyentes vinculadas al sector petrolero, que veían en los biocombustibles una amenaza para el negocio tradicional de los combustibles fósiles. Frente a esa mirada, los impulsores del proyecto defendían una idea distinta: pasar de exportar materias primas a exportar energía renovable producida a partir de esos mismos granos, con el objetivo de cuidar mejor el medio ambiente y la salud de las personas.

La discusión avanzó con lentitud. En aquellos años también hubo resistencia dentro del sistema político y económico. Parte de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida al principio por Daniel Cameron, de Santa Cruz, estaba influida por los intereses del sector petrolero y veía en los biocombustibles una amenaza para el negocio de los combustibles fósiles. Aun así, el debate siguió su curso.

En 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.093, que estableció el Régimen de Promoción para la Producción y el Uso Sustentable de los Biocombustibles. La norma fijó un sistema de mezcla obligatoria de biodiésel con gasoil y creó incentivos fiscales para el desarrollo de la industria. A partir de ese momento comenzó una etapa de expansión.

En pocos años, Argentina se convirtió en uno de los mayores productores y exportadores de biodiésel del mundo, con plantas industriales de gran escala instaladas sobre todo en el Polo Agroindustrial del Gran Rosario. La industria se integró con rapidez a la cadena de valor de la soja y generó inversiones, empleo y nuevas exportaciones.

Pero, según el texto, después aparecieron tensiones internas que debilitaron lo conseguido. Las diferencias entre actores políticos y empresariales hicieron que una política que debía ser de Estado quedara atrapada en disputas. Esa falta de continuidad frenó parte del desarrollo posterior.

Mientras Argentina discutía, otros países avanzaban con políticas definidas. Brasil empezó a desarrollar su programa de biocombustibles en la década de 1970 con el etanol de caña de azúcar y maíz, y más tarde incorporó el biodiésel con mezclas obligatorias crecientes. Estados Unidos impulsó el biodiésel y el bioetanol a partir de maíz y soja mediante incentivos fiscales, mandatos de mezcla y programas federales de energías renovables. La Unión Europea también adoptó políticas de promoción de biocombustibles como parte de su estrategia de transición energética.

Como resultado, el consumo mundial de biocombustibles creció desde la década de 1990 hasta la actualidad. Argentina también tuvo una etapa de fuerte expansión inicial. Durante la década de 2000 desarrolló una industria exportadora de biodiésel basada sobre todo en aceite de soja y, en menor medida, de girasol, hasta ubicarse entre los principales exportadores mundiales. El sector generó inversiones industriales, empleo calificado e ingreso de divisas.

Sin embargo, los cambios regulatorios, los conflictos comerciales internacionales, las pujas políticas y la ausencia de una política estable limitaron ese crecimiento. El texto sostiene que esa falta de previsibilidad impidió consolidar una estrategia de largo plazo.

El autor sitúa ahora una nueva etapa energética. Las tensiones geopolíticas y los conflictos en Medio Oriente volvieron a poner en primer plano la seguridad energética. Muchos países buscan reducir su dependencia del petróleo importado y acelerar el uso de energías renovables. En ese marco, los biocombustibles recuperan peso estratégico.

La demanda mundial crece y varios países aumentan los porcentajes obligatorios de mezcla de biodiésel y otros biocombustibles en sus combustibles tradicionales. Para países agroindustriales como Argentina, eso abre una oportunidad importante. El texto aclara que no se trata de celebrar las guerras ni las crisis internacionales, sino de entender que el mundo se reorganiza frente a ellas y que los países con claridad estratégica son los que mejor aprovechan esas coyunturas.

Argentina, según el autor, tiene todo lo necesario para ser uno de los grandes protagonistas del mercado de biocombustibles: abundancia de materias primas, una industria aceitera altamente competitiva, conocimiento tecnológico, infraestructura portuaria y capital humano especializado. Lo que falta, sostiene, es una política energética y agroindustrial de largo plazo.

Los biocombustibles requieren reglas claras, estabilidad regulatoria y objetivos estratégicos que se mantengan en el tiempo. Ninguna industria invierte miles de millones de dólares si el marco normativo cambia de manera constante. Por eso, el texto insiste en que hace falta una política de Estado con reglas inamovibles que trasciendan a los gobiernos.

El autor anuncia además que en próximos artículos abordará el avance de los biocombustibles desde la década de 1970 en el mundo, la forma en que distintos países desarrollaron esta industria, el papel de la sustentabilidad y la preocupación por el medio ambiente, y el futuro de Argentina frente al resto. También dice que mostrará cuánto se redujo el nivel de carbono en el mundo gracias a la incorporación de los biocombustibles a la matriz energética.

La idea central que deja el texto es que el agro argentino puede ser un actor central en la transición energética, no solo por su capacidad para producir alimentos, sino también energía limpia. Para que eso ocurra, concluye, hacen falta visión estratégica, acuerdos básicos y una política de Estado que no cambie con cada gobierno.