La solidaridad de la CECRV con los viticultores y agricultores

La voz de los viticultores y agricultores de España se alza fuerte y clara en un momento en que el sector vitivinícola y agrícola nacional se encuentra ante desafíos significativos. La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) ha tomado una posición firme, apoyando las justas demandas de quienes trabajan la tierra, aquellos que día tras día se enfrentan a la incertidumbre y a las dificultades inherentes a su noble oficio. Esta solidaridad no solo refleja un compromiso con el presente, sino también con el futuro de la viticultura y la agricultura en España, en un contexto global cada vez más competitivo y desafiante.

La actualidad nos muestra un panorama en el que los agricultores y viticultores se ven obligados a alzar la voz, buscando el reconocimiento y la acción efectiva por parte de las administraciones públicas. La situación es compleja: por un lado, la necesidad de vender productos a un precio justo, evitando incurrir en pérdidas; por otro, la competencia con productos importados, que a menudo no cumplen con las mismas exigencias sanitarias, de calidad y medioambientales. A esto se suma el desafío del cambio climático, la urgencia de modernizar las infraestructuras rurales y la necesidad imperiosa de atraer a las nuevas generaciones hacia la agricultura, garantizando así su sostenibilidad a largo plazo.

Entre las demandas apoyadas por la CECRV, destaca la mejora en la aplicación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Se busca asegurar que todos los eslabones de esta cadena puedan operar sin verse obligados a vender por debajo de sus costes de producción. Esta es una reivindicación fundamental que apunta directamente a la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y vitivinícolas.

Además, se subraya la importancia de establecer un terreno de juego equitativo con los productos agroalimentarios importados, demandando que estos cumplan con los mismos estándares de calidad, sanitarios y medioambientales. Esta medida no solo protege a los productores nacionales, sino que también salvaguarda los intereses de los consumidores, asegurando que los productos que llegan a sus mesas sean de la más alta calidad y producidos de manera sostenible.

Otra de las grandes apuestas es el fomento del relevo generacional en el campo. La realidad actual muestra un sector agrario poco atractivo para los jóvenes, lastrado por problemas de rentabilidad, falta de infraestructuras y un reconocimiento social insuficiente. Sin embargo, es vital invertir en este relevo generacional, ofreciendo oportunidades, formación y apoyos que hagan del campo una opción de vida viable y atractiva.

La flexibilidad y la ayuda en la implementación de medidas provenientes de la Política Agraria Común (PAC) y otras políticas de protección ambiental son también cruciales. Estas políticas, aunque necesarias, requieren de adaptaciones significativas en las prácticas agrícolas, lo que a su vez demanda una formación adecuada y apoyos financieros que faciliten su implementación.

Por último, la racionalización de la carga administrativa y burocrática impuesta sobre el sector emerge como una demanda esencial. La simplificación de trámites y la coordinación entre las diferentes administraciones pueden aliviar significativamente la presión sobre los agricultores y viticultores, permitiéndoles concentrarse en lo verdaderamente importante: cultivar y producir alimentos de calidad.

En suma, la posición de la CECRV frente a las demandas del sector agrario no solo es un llamado a la acción por parte de las autoridades, sino también un reflejo de la unidad y la determinación de un sector clave para la economía y la sociedad españolas. La viticultura y la agricultura españolas se encuentran en un punto de inflexión, y solo a través del diálogo, el compromiso y la acción conjunta se podrán superar los obstáculos presentes y futuros.