¿Sirven las subidas fiscales al alcohol como herramienta sanitaria en Europa?

La política fiscal sobre el alcohol vuelve a abrir una discusión en Europa y otros mercados sobre su utilidad real como herramienta sanitaria y sobre su impacto en las rentas más bajas. La Organización Mundial de la Salud, a través de su oficina europea, defiende desde hace años una subida de los impuestos especiales como una de las vías más rápidas para reducir el consumo nocivo. Parte de la industria y varios analistas replican que esa receta puede empujar parte de la demanda hacia el mercado ilícito y castigar más a los hogares con menos ingresos.

La posición de la OMS Europa quedó formulada con claridad en mayo de 2025, cuando su asesora regional en alcohol, Carina Ferreira-Borges, presentó una guía para orientar a los gobiernos sobre cómo elevar los impuestos especiales. La responsable sostuvo entonces que la fiscalidad sobre el alcohol figura entre las medidas de alto impacto que, a juicio del organismo, son baratas de aplicar y ofrecen resultados en un plazo de cinco años.

Ese planteamiento no es nuevo. En 2018, la OMS puso en marcha la iniciativa SAFER, un programa en el que la letra R alude a elevar los precios del alcohol mediante impuestos especiales y otras políticas de fijación de precios. La organización sostiene que se trata de una medida probada para reducir el consumo dañino y, al mismo tiempo, aportar ingresos públicos para atender sus consecuencias sanitarias y sociales.

Los críticos recuerdan, sin embargo, que el impuesto es una herramienta poco precisa y que sus efectos no siempre coinciden con el objetivo previsto. El caso de la República Checa aparece entre los ejemplos citados en este debate. Allí se aplicó una subida escalonada de los impuestos especiales del 10% en 2024, otro 10% en 2025 y un 5% en 2026. El resultado, según los datos manejados en ese análisis, fue una caída de la recaudación. En uno de los principales productores de brandy del país, la producción se redujo a la mitad, mientras ganaban peso los suministros no registrados, como el aguardiente ilegal, la destilación doméstica y las compras transfronterizas.

Sudáfrica ofrece otro caso usado por quienes cuestionan la eficacia de nuevas alzas fiscales. Un informe de Euromonitor cifra en casi una quinta parte del mercado el peso del comercio ilícito de alcohol en ese país. Esa cuota, añade el estudio, resta al Estado 11.000 millones de rands al año, unos £504 millones. El problema se extiende por el África subsahariana. La presidenta regional de Diageo, Hina Nagarajan, sitúa entre sus prioridades el trabajo con los gobiernos para buscar un equilibrio entre la recaudación por impuestos especiales, la salud pública y el control del licor ilegal.

En Reino Unido, el uso del impuesto sobre el alcohol como instrumento de política social tiene más de un siglo de historia y se remonta al llamado People’s Budget de 1909, impulsado por David Lloyd George. La recaudación ha sido el motor principal, pero el componente sanitario ganó peso con el llamado duty escalator de 2008, que fijó una subida anual del 2% por encima de la inflación. Esa fórmula se eliminó en 2014, pese a la oposición de grupos como Alcohol Health Alliance.

En el caso de los espirituosos, la recaudación aumentó un 46% durante los siete años siguientes, mientras el impuesto especial apenas avanzó un 1,8%. Después, los presupuestos británicos invirtieron esa tendencia. Tom Bruce-Gardyne sostiene que, si se observa el conjunto de las bebidas, aparecen señales de rendimientos cada vez menores: el consumo baja, pero los tipos más altos no han evitado un retroceso de los ingresos. El autor cifra en £285 millones el agujero abierto en la recaudación del Tesoro británico en el ejercicio 2025-26.

El debate también tiene un frente abierto en la Unión Europea, sobre todo en el vino. Grandes mercados como España, Italia y Alemania mantienen este producto sin impuestos especiales gracias al marco comunitario aprobado en 1992. Ignacio Sánchez Recarte, responsable del Comité Européen des Entreprises Vins, recuerda que la UE fija un mínimo aplicable al alcohol y que trece Estados miembros han optado por situarlo en cero para el vino. A su juicio, cambiar esa regla exigiría unanimidad, una condición que hace muy difícil cualquier reforma.

La OMS Europa ha presionado para revisar esa situación. Su director regional, Hans Kluge, ha reconocido que se trata de una opción muy impopular para los políticos. Sánchez Recarte considera que países como Italia no aceptarían un impuesto mínimo obligatorio para el vino. Le preocupa aún más una posible modificación en la forma de calcularlo.

En la actualidad, el vino paga en la UE por volumen y no por graduación alcohólica. Eso significa que un Barolo con 14% de alcohol soporta la misma carga que un vino más ligero. Sánchez Recarte avisa de que pasar a un sistema ligado al grado alcohólico también requeriría unanimidad y, por tanto, no parece probable a corto plazo. Aun así, cree posible otra salida: que los Estados miembros permitan a cada país gravar el vino por contenido alcohólico. En su opinión, esa opción dispararía la carga administrativa. Pone como ejemplo la venta de un palé con dos cajas de un vino al 14% y otras dos de otro al 10%, una operación que obligaría a aplicar cálculos distintos en el mismo envío.

Otra línea de discusión gira en torno al carácter regresivo de este impuesto. Los detractores de nuevas subidas sostienen que afectan más a quienes tienen menos renta que a los consumidores con más poder adquisitivo. Mike Coppen-Gardner, fundador y consejero delegado de SPQR, afirma que el precio es, ante todo, una cuestión de asequibilidad y que ese es el primer terreno de debate si la industria quiere frenar aumentos fiscales.

Michael Bloomberg, empresario y filántropo, ha expresado una visión muy distinta. El exalcalde de Nueva York, que además figura entre los grandes donantes de la OMS, ha asumido en público que ese efecto regresivo no tiene por qué ser una consecuencia no deseada. En una conversación con Christine Lagarde, sostuvo que esa es precisamente una de las razones para apoyar impuestos más altos, ya que, en sus palabras, el problema se concentra en personas con menos dinero y una subida fiscal debería influir más en su conducta.

Ese planteamiento recibe críticas por su sesgo social. El profesor Dan Malleck, de la Brock University de Ontario, lo califica de “muy elitista” y pone en duda el alcance de políticas como el precio mínimo por unidad aplicado en Escocia. A su juicio, si el objetivo era solo reducir el consumo, la medida puede presentar un resultado medible, con una caída del 4%. Pero añade que, si lo que se buscaba era reducir las formas más graves de bebida, el efecto fue limitado porque los grandes consumidores encontraron otras formas de conseguir alcohol.

La periodista especializada Felicity Carter sitúa parte de este giro en los años de la pandemia. En su opinión, la Covid reforzó una manera de gobernar más paternalista y acostumbró a buena parte de la población a aceptar un mayor grado de intervención del Estado en hábitos privados. Esa lectura ayuda a explicar por qué propuestas que hace unos años parecían difíciles de aplicar ganan ahora espacio en el debate sanitario.

Desde la salud pública, uno de los argumentos que sostienen la presión fiscal amplia sobre el alcohol es la llamada “paradoja de la prevención”. El profesor Tim Stockwell la resume así: los daños agregados causados por muchas personas que beben poco pueden superar el daño total atribuido a un grupo reducido de grandes bebedores. Esa idea sirve de base para quienes defienden medidas generales sobre precio e impuestos, no solo actuaciones dirigidas a los consumos más extremos.